La investigación de la Agencia Tributaria por un supuesto caso de fraude en la organización de cursos subvencionados por la Xunta, con la empresa lalinense Prosem ya implicada, cobra ahora una nueva dimensión. La titular del Juzgado Número 1 de Lalín remitió al gobierno gallego un oficio en el que le otorga un plazo de un mes -el escrito llegó a la Xunta el pasado 21 de septiembre- para que le aporte la relación de empresas de toda Galicia que recibieron fondos públicos para organizar seminarios formativos durante el año 2010, aunque solo aquellos dirigidos a personas ocupadas.
El hecho de que la juez reclame a la Xunta la relación de sociedades y cursos de cinco años atrás es muy significativo, pues la investigación que lleva ahora la Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín parte de las indagaciones a Prosem en las que se analizaba la declaración del IVA de ese año. Entonces saltó la primera alarma, al verificarse que algunos de los cursos concedidos supuestamente ni siquiera se habrían celebrado. Para despejar las dudas sobre este posible fraude en la organización de cursos, que por ahora solo salpicaría a Prosem, la juez conmina a la Xunta a aportar en un mes la relación de empresas promotoras, tipo de cursos ofertados, importes concedidos y que se indique si las subvenciones de otorgaron con dinero de la administración autonómica o también mediante fondos comunitarios. La institución trabaja ya para facilitar al juzgado lalinense el expediente, requerido "en un solo acto" sobre los centenares de cursos que fueron autorizados a empresas como Prosem y a la propia consultora gestionada por los hermanos José Antonio y Carlos L.A. Fuentes de la Xunta reconocen que esta petición requiere de la coordinación de varios departamentos, que ya están siendo tutelados por la asesoría jurídica de la Consellería de Vicepresidencia. "Es mucha la información que hay que recabar, pero estamos dispuestos a colaborar, como siempre, con lo que nos sea solicitado por parte del juzgado de Lalín", apuntan desde la administración autonómica.
Pero el juzgado también solicita a la Xunta información acerca de los controles realizados en la celebración de estos cursos formativos, siempre ciñéndose a actividades orientadas a trabajadores en activo y en ningún caso a desempleados. Este control se efectuaría mediante una certificación del departamento general de Intervención de la administración autonómica, perteneciente a la Consellería de Facenda, en el que se especifiquen las facturas emitidas y el camino tomado por los fondos públicos desde que fueron autorizados a a las empresas "de las cuatro provincias gallegas" para la organización de los cursos, su convocatoria y justificación de la celebración en los términos establecidos en cada convocatoria. Así las cosas, para la penúltima semana del presente mes las consellerías a las que la jueza reclamó esta documentación deberán dar traslado de la misma al Juzgado de Instrucción Número 1 de Lalín que instruye el caso de Prosem.
Antes de que la titular de esta sala de los juzgados de la capital dezana ordenase a la Xunta el listado de empresas beneficiarias de cursos de formación durante 2010 en Galicia, la Fiscalía Provincial de Pontevedra ya había contactado con la Consellería de Traballo para reclamarle "documentación" meses atrás; es decir, cuando la investigación a Prosem ya estaba muy avanzada.
El 24 de agosto agentes de la Policía Judicial entraban en las oficinas de la consultora lalinense para realizar un registro. En el mismo la Guardia Civil se incautó de abundante documentación, archivadores, una docena de ordenadores portátiles, un servidor y otros soportes digitales. El material fue trasladado al cuartel de Lalín un día antes de que los dos propietarios de Prosem y la esposa del hermano mayor de los dos acudiesen al cuartel acusados de un supuesto delito de estafa y falsedad en documento público. Los tres se negaron a declarar y fueron puestos en libertad con cargos instantes después de personarse ante la Guardia Civil, que, por otro lado, entonces adelantó que en el marco de la llamada operación "Qatedra", se producirían nuevas detenciones. José Antonio L.A. y su hermano Carlos acudieron días atrás al juzgado en compañía de su abogado para conocer de primera mano el expediente y los cargos que se le imputan.
Empresas Campos
A raíz de la investigación trascendió que en este supuesto fraude en la organización de cursos habría empresas implicadas, que podrían tener una responsabilidad penal por participar en una actividad ilegal. Los ojos se pusieron sobre algunas de la comarca. Una vez que trascendió públicamente que algunas de ellas estarían vinculadas alcalde de Dozón, Adolfo Campos, el Grupo de Empresas Campos asegura que ninguna de sus sociedades recibió "notificación ni comunicación oficial respecto de ser objeto o estar afectada por ninguna investigación judicial en curso". En caso de que así fuese, las firmas del grupo accederían a facilitar la información que le fuese requerida. Sí admite que en sus planes de formación continua para sus trabajadores, con cursos tanto subvencionados como no, Prosem es una de las consultoras con las que han trabajado.
