La toma de posesión de Carmen Fernández Pereiras como nueva edil del PP de Silleda evidenció la magnífica sintonía existente entre este partido y los concejales que impulsaron la moción de censura. Una semana después de que éstos fuesen declarados oficialmente tránsfugas, la sustituta de Manuel Mato –único edil popular que se negó a apoyar la censura– debutó en la corporación situándose del lado del ejecutivo, tanto físicamente, en su bancada, como políticamente, al votar siempre con el gobierno de Ofelia Rey. Una vez prometido su cargo ante la alcaldesa, ocupó el asiento que había quedado libre entre los ediles no adscritos (ex del PP) Eva Lojo y Alejandro Vidueiros. La otra imagen del día fue la mesa presidencial, con Javier Presas y Javier Cuiña arropando a Rey y ejerciendo como únicos interlocutores del ejecutivo.

Otra muestra del maridaje entre la única edil del PP –en el próximo pleno entrará José Luis Mosteiro, en sustitución del ex alcalde José Fernández Viéitez, de cuya renuncia tomó conocimiento ayer la corporación– se dio al final de la sesión. Terminadas todas las intervenciones, Carmen Fernández pidió la palabra para, ante el estupor general, defender al actual ejecutivo de las críticas de la oposición por no haberse reunido con afectados de las obras del TAV (Tren de Alta Velocidad). "Este goberno tivo reunións en alomenos tres parroquias, e vós non viñestes", les espetó a los tres del PSOE. "Cando traiades rogos e preguntas, vide ben informados. O pouco que se fixo foi gracias a este goberno", zanjó. Los turnos ya se habían consumido y la regidora negó la palabra a la portavoz socialista, Paula Fernández Pena, pero no así al del BNG, Matías Rodríguez da Torre, que apeló a una cuestión de orden. Aclaró que el PP, por tener grupo propio, tiene que intervenir antes que él –grupo mixto–, "aínda que máis ben parece portavoz do goberno –apostilló–; se é así, que se poña co goberno, se non, noutra ubicación".

La unanimidad sólo se dio en la aprobación de la rebaja de los sueldos de Rey y Presas en un 7%, quedando en 39.060 y 26.320 euros, respectivamente. Pero, según el nuevo régimen de retribuciones, la regidora cede 9.060 euros a la concejala de Servizos Sociais, Igualdade, Inmigración e Sanidade, Concepción Vázquez. Rey justificó la nueva dedicación parcial, de 13 horas semanales, por el "volume de traballo" de este departamento. PSOE y BNG se abstuvieron y pidieron "rigor e seriedade" al ejecutivo, que primero habló de una reducción del 5%, cuando en realidad era del 4,76%, y luego aplicaba la bajada sobre un sueldo más alto.

También se aprobó la encomienda a la Diputación de la recogida de vehículos abandonados. El PSOE se abstuvo por considerar necesaria una ordenanza previa y por la falta de información acerca del convenio. El concejal Javier Cuiña admitió desconocer el convenio como tal, pero tener un compromiso vía telefónica de que no supondría gastos para el concello.

El resto del pleno, de más de dos horas y media de duración, consistió en una retahíla de reprimendas y preguntas dirigidas al gobierno local. Varias giraron en torno a los reparos puestos por la interventora municipal a operaciones económicas, como la aportación de 60.000 euros de la Diputación para costear obras del auditorio de A Bandeira. En su día, el expediente no se tramitó correctamente y fue necesario recurrir a un reconocimiento extrajudicial de crédito para justificar la ayuda. Pena se quejó de que Rey hubiese prohibido a los técnicos municipales darle esta información la víspera del pleno. "A xente está traballando no concello, non á súa disposición", replicó la regidora.

Da Torre pidió al ejecutivo que aplicase "dous criterios mínimos" al realizar gastos: "Mirar o prezo" y negociar con el "empresariado local", en vez de seguir realizando compras o concediendo servicios "de xeito clientelar". Y lamentó que la actividad de la junta de gobierno se centrase a autorizar y subvencionar festejos, haciendo caso omiso de otras peticiones vecinales, a menudo ni contestadas.