Los propietarios de las parcelas ocupadas en 2012, y los de algunas que lo habían sido en 2009, pero vieron ampliado el periodo de ocupación a causa del retraso acumulado en las obras del TAV, fueron los más perjudicados por la tardanza en la devolución de sus terrenos.

Especialmente preocupante fue la situación de las parcelas que, como las de Manuel Romero Castañeda, se sitúan justo debajo del viaducto interprovincial que une las localidades de Catoira con Rianxo sobre el río Ulla.

Ya en 2016 los abogados de los afectados denunciaban que "cuando se amplió el plazo de ocupación -en 2012- ofrecieron a los propietarios de los terrenos menos de la décima parte de lo que habían ofrecido por las mismas parcelas en 2009, lo cual carece de sentido y resulta injusto".

Eso fue lo que sucedió a Manuel Romero, que ahora ve como el TSXG le da la razón y ordena que le paguen por la segunda ocupación de acuerdo con lo que le habían pagado por la primera.

Lo cierto es que este octogenario fue el que más alzó la voz, y desde luego puede haber servido de ejemplo a otros afectados.

En 2016 protestaba en su finca y bajo el viaducto, pancarta en mano, para denunciar que lo que antes era un terreno de labradío ahora es un terreno con cascotes que se inunda con frecuencia.

Su abogado apuntaba: "En el Ministerio de Fomento no aclaran si continúa la afectación de las parcelas, pero en cualquier caso no existió acuerdo alguno para ampliar el plazo y tampoco se abonaron las oportunas indemnizaciones en caso de aumentar el tiempo de ocupación, por lo que es preciso que se brinden explicaciones urgentes a este respecto y se pague a los afectados o se les devuelvan las fincas de inmediato, y siempre conforme a su estado y condición original, con sus muros y en su uso anterior de labradío y viñedo".