23 de abril de 2019
23.04.2019
Faro de Vigo

En Común plantea un acuerdo para que se permita el voto a todos los emigrantes

Considera que las leyes españolas les deja en una situación de ciudadanos de segunda

23.04.2019 | 01:57

En Común promueve que el Ayuntamiento de Vilagarcía suscriba un acuerdo por el que los inmigrantes tengan derecho a sufragio para lo que sería necesario una reforma del artículo 23 de la Constitución.

En el texto exponen que resulta imprescindible involucrar a la Unión Europea en este mismo sentido "con independencia de la nacionalidad o situación administrativa en todos los Estados".

Subrayan que en España "hay millones de personas inmigrantes que no tienen derecho al voto, lo que implica una discriminación además de una falta de representatividad por parte de las Cortes Generales así como los Parlamentos autonómicos, las Diputaciones y los Ayuntamientos".

En el escrito firmado por Jesús López y Gaspar Somoza resaltan que a nivel nacional hay "más de cuatro millones de inmigrantes que no tienen reconocido su derecho al voto" e indican que "solo tienen derecho de sufragio unos 200.000".

En este sentido ponen de manifiesto que la propia Constitución establece que ningún inmigrante "puede votar ni ser votado ni en las generales ni en las autonómicas·". Y agregan que en el caso de las elecciones al Parlamento europeo "solo pueden votar aquellas personas que pertenezcan a sus Estados que estén empadronadas en algún municipio español y manifiesten su intención de votar en él".

Asimismo se subraya en el texto que en las elecciones municipales "solo podrán votar las personas inmigrantes cuyos países de origen firmaran un convenio a través de un acuerdo de reciprocidad".

Aparte de los tratados ya existentes al respecto, En Común critica que en la legislación española "se discrimina a millones de personas a las que parece no considerar ciudadanas y a las que priva de derechos civiles y políticos, impidiéndoles participar de las decisiones colectivas que tienen repercusión directa sobre sus vidas, sus trabajos, la educación de sus hijos, su cobertura sanitaria y en general todos sus derechos, por lo que sufren las consecuencias de ser ciudadanos de segunda categoría".

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