El Catastro puede tardar ocho años o más en resolver los expedientes de modificación catastral presentados por los ciudadanos para fincas del rural. Así lo denuncia la Agrupación Profesional de Viticultores Rías Baixas, que tiene representación en el pleno del Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas. De hecho, alertan de que esta exasperante lentitud de la administración está causando pérdidas económicas importantes a cientos de productores de uva albariña.
Los viticultores inscritos en Rías Baixas solo pueden vender por los cauces legales la uva que produzcan en terrenos que estén incluidos en el Rexistro Vitícola de la Xunta de Galicia. Pero el registro de la administración autonómica toma como base los planos de la parcelación que hizo en su día la Dirección General del Catastro, que depende del Ministerio de Hacienda. El problema es que ese modelo está mal.
El Catastro dibujó las fincas empleando como primera herramienta imágenes aéreas. De ese modo, si en las fotografías se aprecian con nitidez los lindes de una parcela, porque están marcados por parras, desniveles o caminos, lo más probable es que la propiedad en cuestión esté bien delimitada. Pero, si no es así, a menudo surgen discrepancias más o menos importantes entre el dibujo del Catastro y la realidad. A veces, esa diferencia radica en que la superficie de la parcela no se corresponde con la real; otras, en que está mal colocada en el polígono o mal trazada con respecto a los cultivos colindantes.
Estos errores no tienen consecuencias a efectos legales sobre la propiedad de la tierra, y en muchas ocasiones carecen de importancia. Pero para los productores de uva sí es vital que el Catastro esté bien, dado que ellos están sujetos a unos cupos de producción que no pueden exceder, y la Xunta usa como referencia el Catastro para determinar esos cupos de producción máxima.
Por ello, para los viticultores es fundamental corregir lo antes posible los imprecisiones de Catastro. Pero según el presidente de la Agrupación Profesional de Viticultores, Fernando Crusat, y su compañero en la entidad, Julio Reboredo, que es también vicepresidente del consejo regulador Rías Baixas, el Catastro de Pontevedra es cualquier cosa menos rápido.
Julio Reboredo afirma que "es prácticamente imposible que nos resuelvan un expediente de modificación catastral antes de cuatro años. Pero sé de expedientes que tardan mucho más. Hay uno que lo presenté hace ocho años y ni siquiera nos han pedido aún la documentación complementaria. Y tuvimos otro expediente que tardaron en resolverlo siete años. Presentamos una reclamación ante el Catastro por la tardanza, y a los tres meses nos respondieron".
Crusat y Reboredo se quejan porque según ellos estas dilaciones están causando unos daños económicos enormes a los viticultores y, en consecuencia, al conjunto de la denominación de origen Rías Baixas. De hecho, ellos estiman que uno de cada cinco viñedos están mal catastrados. Esto significa que hay unas 5.000 parcelas mal medidas o dibujadas, entre las cuales sumarían unas 125 hectáreas de plantaciones de uva en el limbo legal.
Condenada a la ilegalidad
"La uva de esas 125 hectáreas existe, pero no se puede comercializar porque está afectada por los errores catastrales y la Xunta de Galicia no reconoce esa superficie en el Rexistro Vitícola", argumenta Julio Reboredo. Así, hay una ingente cantidad de uva que se ve condenada a la ilegalidad, con lo que los productores se ven en la tesitura de dejar la uva colgada en la parra, con la consiguiente pérdida económica, o de arriesgarse a encontrarle un pretendiente clandestino.
Los afectados plantean que "este es un problema generalizado en toda Galicia", pero que la tardanza en las comarcas en la que está presente la denominación de origen Rías Baixas es especialmente acusada. El minifundio existente en los territorios litorales y el hecho de que sean municipios densamente habitados y en los que, en consecuencia, se presentan muchos expedientes de modificación catastral inciden probablemente en que el atasco de las solicitudes sea mayor.
Julio Reboredo argumenta que, "si vas al Catastro a preguntar resulta que los técnicos a los que les corresponden los municipios de O Salnés tienen una montaña de expedientes por resolver. La solución entonces es habilitar más técnicos para esta comarca". Según ellos, los retrasos también están haciendo mucho daño en O Condado.
Para la Agrupación de Viticultores, "el Ministerio de Hacienda es muy estricto en todos sus procedimientos recaudatorios, e impone sanciones económicas si uno paga un impuesto un día después de plazo, pero en cambio tarda de cuatro a ocho años en resolver un expediente". También reclaman cambios en la Ley del Catastro, pues tal y como está hoy la simple negativa de un lindante a corregir un error ya es suficiente para archivar la solicitud.
