Arrecia la guerra política entre el Puerto y el Concello de Vilagarcía. A escasos dos meses de las elecciones municipales sale a la palestra un nuevo conflicto entre ambas instituciones, en esta ocasión a raíz de la multa de 20.000 euros impuesta a la Autoridad Portuaria -ratificada en una sentencia- por un vertido al mar con material contaminante procedente de las obras del tren.
Los concejales del gobierno socialista y representantes del Ayuntamiento en el Consejo de Administración del Puerto, Tania García y Lino Mouriño, comparecieron ayer en rueda de prensa para valorar el fallo judicial y exigir explicaciones y responsabilidades a la entidad presidida por Sagrario Franco. "No entendemos cómo no se pronunció todavía", espetó la portavoz del ejecutivo, que instó a la Autoridad Portuaria a "pedir disculpas" a su compañero Mouriño por haber sido destituido en su día como consejero portuario "por haber denunciado esta aberración, este atentado medioambiental".
Mouriño, por su parte, añadió que se conforma con que Sagrario Franco "pida disculpas a la ciudadanía".
El próximo miércoles está convocado el Consejo de Administración del Puerto, pero para sorpresa de los ediles socialistas, no aparece en la orden del día mención alguna al asunto del vertido. No obstante aprovecharán la reunión para pedir explicaciones a la presidenta. "Se volcaron 7.000 metros cúbicos de escombro a la dársena sin haber elaborado proyecto alguno", recuerda Tania García. "Fueron advertidos por el Seprona", agrega Lino Mouriño.
La Autoridad Portuaria no tardó en reaccionar a las declaraciones públicas del gobierno vilagarciano, pues pocas horas después de la conferencia de prensa emitía un comunicado en el que acusa al equipo de Varela de "realizar una valoración sesgada, incompleta e interesada de los hechos y del contenido de la sentencia, utilizando la institución municipal como ariete contra el Puerto con fines exclusivamente partidistas y confundiendo, una vez más, los intereses de su partido con los de todos los vilagarcianos", en palabras de la presidenta, Sagrario Franco.
Para la responsable del Puerto el hecho de pedir explicaciones sobre un asunto y al mismo tiempo realizar valoraciones sobre el mismo "es una incoherencia" que solo se explica por "intentar generar una alarma social injustificada con el fin de obtener un rédito político".
Franco anuncia que, por su propia iniciativa, abordará la sentencia del vertido en la sesión del Consejo de la próxima semana, si bien insiste en que la actuación de la Autoridad Portuaria "ha sido en todo comento correcta y conforme a la legislación vigente", por lo que recurrirá la resolución judicial.
