La Audiencia Provincial de Pontevedra ha desestimado el recurso presentado por el gobierno local de Ribadumia contra la exalcaldesa, Salomé Peña, en la que se le acusaba de haber sustraído dos discos duros y del borrado de datos de dos servidores de la administración municipal.
El auto emitido por la Audiencia confirma el archivo de la causa tomando como referencia las alegaciones de la Fiscalía, en las que se asegura que "no hay indicios ni se sabe en qué momento desapareció el disco duro, ni se puede acreditar cuál es la información o los datos borrados, ya que ningún funcionario del Concello detectó problemas.
Hasta en tres ocasiones recurrió el Concello de Ribadumia el archivo decretado por la Audiencia de Pontevedra, con el único objetivo, aseguran desde el Partido Popular, "de prolongar un procedimiento judicial costoso con la esperanza de conseguir un fallo condenatorio que avalase la campaña de difamación que desarrollaron desde el momento en el que llegaron a la Alcaldía".
El fallo, contra el que ya no caben más recursos, no es suficiente para Salomé Peña, que desde el primer momento mostró su interés por saber qué fue lo que pasó con ese material informático, denunciado por el gobierno encabezado por David Castro. Peña no duda en asegurar que "quiero que se llegue al fondo de este asunto y que se aclare si el gobierno de Ribadumia mintió, me acusó falsamente o si realmente se llevó ese material que ellos dicen haber echado en falta". La denuncia "sin ningún fundamento, como se reconoce en el auto", mantuvo a Salomé Peña "en un proceso judicial que el gobierno tripartito se empeñó en prolongar durante dos años, con una acusación por responsabilidad penal".
Esa es la interpretación conservadora, ya que "desde el primer momento, el tribunal insistió en archivar la causa, ya que no se encontraba prueba alguna, pero la estrategia de difamación en la que se instaló el tripartito necesitaba algún documento en el que sustentarse, y no dudaron en gastar en abogados lo que hiciese falta para forzar un proceso que demuestra lo que el PP lleva diciendo desde junio de 2015, que aquí los únicos que mienten son ellos".
La respuesta a los tres recursos del Concello siempre fue la misma por parte de los tribunales, el archivo por falta de pruebas, ya que la denuncia fue puesta casi un año después de que Salomé Peña abandonase el Concello, un tiempo más que suficiente para que cualquiera pudiese borrar información o llevarse un disco duro.
La denuncia contra Peña fue interpuesta por el tripartito el pasado 22 de abril de 2016. A partir de ese momento comenzó un procedimiento que llevó a Salomé Peña a declarar como investigada, generando en ese momento el primer auto de archivo por no quedar acreditada la comisión de los delitos por parte de los investigados, la exalcaldesa y el gerente de la empresa informática.
El tripartito recurrió ese auto en diciembre de 2016, siendo desestimado por el juzgado, lo que generó una nueva apelación por parte del Concello.
En mayo de 2017, la Audiencia Provincial estimó ese recurso, ordenando practicar más diligencias antes de decidir el archivo de la causa. Se tomó declaración al perito municipal, se pidió más documentación a la empresa informática y también que se ampliase la declaración de un testigo.
Tras practicarse las diligencias ordenadas por la Audiencia Provincial, en mayo de 2018 el Ministerio Fiscal pidió el archivo de la causa al no poder determinar en qué momento desapareció el disco duro ni existir la certeza del borrado de información municipal, ya que durante meses nadie notó nada extraño. Ese auto de archivo volvió a ser recurrido por la administración municipal en junio del pasado año, generando esta última comunicación de la Audiencia Provincial contra la que ya no cabe recurso alguno.
