El gerente de la Residencia Valle-Inclán de Vilanova, Enrique Martínez Núñez, cargó ayer contra la Xunta, la CIG y el administrador concursal de Viajes Silgar, donde se origina todo el conflicto que acabará con el cierre de las instalaciones en las próximas semanas. Para Martínez Núñez, las tres entidades tienen "oscuros intereses" que para nada coinciden con los de los 51 trabajadores y 106 residentes, por lo que espera que las diligencias abiertas por la Fiscalía sirvan para "desenmascarar a todos ellos y poder defendernos legalmente".

Para el gerente de la residencia, la Xunta estaría cometiendo el error de estar "escribiendo al malintencionado dictado del administrador concursal, en lugar de aportar soluciones que subsanen la situación del centro, porque existen". En este sentido, recuerda que todo el conflicto tuvo su origen en un problema administrativo vinculado con el concurso de acreedores de Viajes Silgar. Todas esas supuestas irregularidades detectadas por "las incontables inspecciones realizadas en el centro son también de carácter administrativo, por lo que si esos son los problemas, por qué la Xunta no los subsana de una vez y nos deja seguir trabajando", se pregunta el gerente.

Las relaciones que mantiene el gerente con la administración judicial no son precisamente buenas, ya que Martínez Núñez interpuso una querella, admitida a trámite, por falsedad documental, por eso carga contra él al considerarlo "responsable de que la Xunta no entienda la situación de la titularidad del inmueble y de la vigencia del contrato de arrendamiento de la actual gerencia, con todos los trastornos que ello está conllevando". Además, se reserva el derecho de emprender acciones legales contra el administrador por todos estos hechos, aunque "primero quiero dejar hacer a la Fiscalía".

Martínez Núñez se siente víctima de un "acoso absolutamente injustificado" por parte de la Xunta y de la CIG por las constantes acusaciones contra el centro, cuando "ni uno solo de los trabajadores ha abandonado su puesto ni los residentes han solicitado la baja o el traslado a pesar de las presiones de la Xunta, con una carta amenazante hace unas semanas en las que les requiere el traslado de sus familiares en el plazo de 15 días". Insiste en que "ninguno ha querido irse, porque aquí no se ata ni se les cierran las puertas a nadie".

Pese a las presiones que está recibiendo, el gerente de Valle-Inclán apela a su responsabilidad personal y a su compromiso profesional con los 51 trabajadores para mantener la actividad del centro "ya que no voy a ser yo el que ponga a toda esa gente en la calle, si quieren, que vengan el administrador concursal, la Xunta y el juez a hacerlo".

También recuerda que él se hizo cargo de las deudas que acumulaba la residencia, pese a no tener ninguna vinculación con Viajes Silgar, consiguiendo mantenerla en funcionamiento al total de su capacidad pese a no contar con ni una sola plaza de asignación pública, "y con todos los trabajadores cobrando sus salarios de forma puntual".

Entramado

Una de las cuestiones que más sorprende a Martínez Núñez de toda esta historia es que "se nos acuse de entramado de empresas, ya que no existe ninguna ley que impida la unión temporal de varias entidades ni que sean varias las que intervengan en la gestión de un centro". Insiste en que "eso es todo lo que estamos haciendo, no hay ninguna red opaca, algo que sería imposible por el control y fiscalización a las que nos tiene sometida la Xunta".

Por último, arremete contra la CIG a la que acusa de "buscar titulares para justificar su ineficacia y su inutilidad social, para mantenerse en el candelero y ocultar que ya no cuentan para nadie, ya que la sociedad y los trabajadores les han dado la espalda".