El sindicato CIG insta a la Xunta de Galicia a actuar de manera inmediata respecto a decretar el cese de la actividad que se sigue realizando en la residencia de mayores Valle Inclán de Vilanova de Arousa pese a no poseer licencia de actividad. Cabe reseñar al respecto que una resolución de la Consellería de Política Social del 3 de julio de 2017 acordaba la clausura de centro.
Juan José Bouzas, secretario local del CIG-Salnés acompañado de la también sindicalista Rosa Abuín, quisieron hacer pública lo que entienden como una situación de difícil explicación. "Se demostró ya entonces que no existía ningún tipo de licencia en vigor desde Viaje Silgar para realizar servicios sociales. Ni Nurtime, ni Euroconsultores Sociosanitarios ni Servicios Integrales Dos Andando, o Residencia de Maiores 2013. Ningún tipo de licencia para servicios sociales y lo que se hacía era que cuando una empresa entraba en concurso se creaba otra, pero la residencia seguía prestando servicios".
La incredulidad de sindicato CIG es aún mayor cuando les consta que desde la resolución dictada por la Xunta en 2017 se han realizado desde entonces tres visitas a la residencia comprobando no solo que seguía habiendo actividad sin licencia, sino que además incluso había aumentado el número de usuarios hasta un total de 106 registrado el pasado mes de octubre.
En referencia a la gestión actual del centro Juan José Bouzas se refirió a actuaciones que constatan que "los contratos laborales con los trabajadores de la residencia están firmados por la empresa Servicios Integrales Dos Andando S.L.. Además las facturas con los proveedores van a cuenta de Residencia de Maiores 2013 S.L. y que los contratos de prestación de servicios son firmados por los usuarios y por la empresa Euroconsultores Sociosanitarios S.L.".
Otra de las supuestas irregularidades que el sindicato subraya además de la actividad sin licencia, es la que descubre Bouzas al señalar que "el cobro de los servicios a los usuarios se realiza a través de una cuenta asignada a la empresa First Again, cuyo administrador único es Enrique Martínez Núñez, responsable también de Viajes Silgar y de otras empresas creadas posteriormente a la administración concursal".
Los responsables locales de CIG entienden que no solo se está generando un movimiento económico mensual cercano a los 200.000 euros, sino que además ese movimiento se realiza al margen de la administración concursal por lo que las deudas en vigor, próximas a los 3.600.000 euros siguen sin ser reducidas, "pese al vínculo de Enrique Martínez Núñez con First Again y con Viajes Silgar y demás empresas".
Bouzas Aboi insiste en que "hay una negligencia y una dejadez total por parte del administrador concursal. Hay una actividad financiera y no se saben a donde va ese dinero. Así no se pagan las deudas de 3.600.000 euros de las empresas en administración concursal. Además se constata que los servicios no están a la altura de lo que se tiene que prestar en una residencia de mayores. Entendemos que la Xunta tiene una responsabilidad de no permitir que ninguna de estas empresas sin licencia pueda prestar servicios sociales. ¿Cómo pueden consentir que esto siga adelante?".
Las críticas de los representantes sindicalistas fueron a más, "hay responsabilidad política por la Xunta y del propio conselleiro permitiendo que se siguiese desarrollando la actividad allí aún reconociendo las irregularidades".
También se hizo referencia a la cuestión de los ingresos de las cuotas que oscilan por cada usuario desde los 1.100 euros mínimos a cerca de 2.000 euros en algunos casos, "pagos que se ingresan en la cuenta de First Again. Y todo el mundo mira para otro lado y no pasa absolutamente nada. Enrique Martínez Núñez aparece en todas las operaciones. No entendemos la connivencia por parte de la Xunta con Enrique Martínez Núñez para permitir que siga habiendo actividad en la residencia de Vilanova, algo que también estaba permitiendo el propio Concello de Vilanova".
