El juicio por presunta estafa en la venta de los terrenos de la antigua sede del Liceo Marítimo de Vilagarcía de Arousa quedó ayer visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal número 4 de A Coruña, tras la declaración de los últimos testigos, de los acusados y los alegatos del fiscal y los representantes legales de ambas partes.
El fiscal mantuvo la petición de cuatro años de cárcel para cada uno de los juzgados: el expresidente del Liceo Casino Álvaro Paz Tarrío, los responsables de la empresa compradora Coinasa, José Manuel Blanco González y Jorge Luis Viña Fernández, y el arquitecto Francisco Otero Méndez.
Tras cuatro jornadas de vista oral, el fiscal no solo mantuvo la petición de condena, sino que además solicitó al juez que decrete la nulidad de la compraventa, lo que echaría por tierra todo el plan proyectado y aprobado por el Concello de Vilagarcía.
En este sentido la petición fiscal se aproxima más a lo planteado desde el principio por los representantes de los propietarios denunciantes.
Entre los últimos alegatos antes de que el caso quedara visto para sentencia, intervino el expresidente de la sociedad recreativa Álvaro Paz, quien señaló que la venta de la antigua sede del Liceo había sido iniciada por el anterior presidente, José Manuel Pérez Vallejo, quien fue posteriormente apartado de la dirección de la sociedad, y que acabó "desahuciado" como vilagarciano.
Paz Tarrío, en relación con la diferencia de metros cuadrados, reveló en la jornada de ayer que la medición de la finca había sido realizada, por el exconcejal socialista Carlos Berride (ya fallecido), lo que impide al juzgado contrastar la prueba.
Antecedentes
La venta del edificio del Liceo Marítimo fue cerrada en documento privado por la directiva que presidió José Manuel Pérez Vallejo. Tras las elecciones en la sociedad vilagarciana le sucedió Álvaro Paz Tarrío, quien decidió formalizar la escritura pública de venta.
El acuerdo de enajenación del inmueble incluía unos terrenos de servidumbre de paso para otras propiedades, pero también parte de terrenos que eran de particulares, lo que motivó la presente denuncia.
Los propietarios afectados, al conocer que se iba a escriturar la venta, advirtieron por burofax a la dirección del Liceo Casino de que en la transacción se estaban incluyendo terrenos que no eran de la entidad, invadiendo así predios privados.
Para resolver esta cuestión y ceder al Concello los terrenos correspondientes a los viales, los implicados plantearon una ampliación de la parcela en el Catastro. Para ello presentaron un plano del proyecto de urbanización promovido por las partes denunciadas.
Los propietarios afectados por la supuesta apropiación de terrenos presentaron una denuncia penal en el Juzgado de Instrucción de Vilagarcía, pero dado que los documentos públicos se habían tramitado en una notaría de A Coruña, el caso fue trasladado a los Juzgados de esa ciudad.
Tras varios años de instrucción, dado que las diligencias del Juzgado número 7 de A Coruña se remontan al año 2010, el juez instructor dictó un auto de apertura de juicio oral, trasladando el caso al Juzgado de lo Penal de A Coruña.
Cabe recordar que las instalaciones afectadas por la venta reportaron una gran liquidez a la entidad recreativa pues trataba de uno de los edificio emblemáticos de la entidad.
Con parte de ese dinero se adquirió la finca de A Boulla donde la directiva de Paz se proponía construir unas envidiables instalaciones deportivas, pero fueron expropiadas al quedar afectadas por el AVE.
Con esos nuevos ingresos se apostó por una importante concesión en el Puerto de Vilagarcía, proyecto que finalmente se frustró, lo que derivó en una pérdida de confianza de los socios.
En la actualidad, el Liceo Casino se encuentra en fase de quiebra técnica y a punto de desaparecer. Desde principios de año ni siquiera tiene fondos para pagar a los siete empleados y su único patrimonio son algo más de 200 socios que pagan sus cuotas mensuales y la sede de la calle Castelao, todavía a salvo de los acreedores.
