El Concello de Cambados ha vuelto a sufrir un nuevo varapalo judicial en los últimos días. Este proviene del Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra, que le da un mes de plazo para resolver el expediente de restitución de la legalidad urbanística en una obra de Castrelo que fue sancionada, en su día, por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), tras ser denunciada por un vecino.
La ejecución de la sentencia tiene que ser inmediata, ya que, en caso contrario, la providencia del juzgado lanza una advertencia directa a la propia alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, la de ser multada con 600 euros.
El caso en cuestión se remonta a hace aproximadamente una década, cuando una vecina de Castrelo construyó parte de su vivienda sobre un muro lindante con la vía pública sin la correspondiente licencia municipal. Las obras fueron denunciadas por los vecinos, e incluso, la actual alcaldesa de Cambados llegó a reclamar el expediente urbanístico al grupo de gobierno.
Sin embargo, poco después del cambio de gobierno en la villa del albariño, la APLU, falló en contra de los recursos de la propietaria y ordenó un derribo que, en todos estos años, no ha llegado a ejecutarse.
La providencia también insiste en que la actuación que se debe realizar "debe ceñirse a las exigencias contenidas en el escrito emitido en la sentencia en su momento, bajo advertencia de nulidad de la misma si se demostrase que se ha intentado eludir el cumplimiento".
El líder de la oposición, Luis Aragunde, también reclamó hace unos meses el expediente de esa obra, llegando a llevar al juzgado al cuatripartito porque no se le entregaba la documentación pese a requerirla en reiteradas ocasiones. La intención del líder conservador era conocer como había resuelto el cuatripartito el problema, algo que "ya se ha descubierto".
Aragunde recordaba ayer que "para bien o para mal, cuando se está en el gobierno debes ejecutar sentencias que no son plato de buen gusto, aunque no deja de sorprender que Abal se interesase tanto por el expediente cuando estaba en la oposición y ahora no haya cumplido con la sentencia cuando llegó al gobierno".
Las quejas de Aragunde no solo se han limitado en los últimos años a este expediente, sino también a la entrega de las juntas de gobierno, cuestión que tuvo que resolver acudiendo al juzgado para que le fuesen entregadas.
Baja laboral
La disposición del juzgado ha coincidido en el tiempo con una baja laboral de la alcaldesa, concretada en el día de ayer, que convierte al teniente de alcalde nacionalista, Víctor Caamaño, en alcalde accidental durante el tiempo que duren los problemas de salud de Abal. No será la primera vez que Caamaño se haga cargo de la Alcaldía y tenga que tomar una decisión complicada, ya que hace tan solo unos meses firmó el decreto de anulación del concurso de oficial de la Policía Local.
La vivienda de Castrelo no será la única cuestión judicial que la alcaldesa tiene pendiente en estos momentos, ya que todavía quedan por resolver en los juzgados las denuncias por la plaza de oficial de la Policía Local.
