La Diputación de Pontevedra invertirá este año medio millón de euros en la pousada de Ribadumia, para terminar las obras que quedan pendientes en esta instalación y poder abrirla al público. Así lo manifestó ayer el diputado provincial David Regades, que se desplazó a Ribadumia para mantener un encuentro con representantes del gobierno tripartito de esta localidad.
La de Ribadumia es la única de las cuatro pousadas construidas en su día por la Diputación de Pontevedra que nunca ha estado abierta. El Ayuntamiento y el ente provincial justificaron su situación en que las obras no se adecuaban al proyecto, y acusaban directamente de esta irregularidad a los anteriores gobiernos de la Diputación y del Concellos, comandados por Rafael Louzán y Salomé Peña, ambos del Partido Popular.
El hecho de estar cerrada ha provocado que la imagen exterior que proyecta la pousada de Ribadumia sea pésima, pues la basura se acumula en su perímetro, y ya ha crecido vegetación alta en la misma cubierta del edificio.
Por ello, la situación de este hotel de lujo es uno de los asuntos que se abordaron en la reunión entre el diputado Regades y el gobierno de Ribadumia, que presidía el alcalde, David Castro. Así, ambos expusieron los trámites que habrá que acometer para legalizar la pousada y que el Ayuntamiento pueda conceder la licencia.
Regades se ha comprometido a que la Diputación invertirá en lo que queda de año tanto en la pousada como en su entorno medio millón de euros. Buena parte de ese dinero será para la reurbanización del polígono de Santa Baia, pues la pousada está en terrenos de la Iglesia, y la Diputación se había comprometido a la apertura y acondicionamiento de calles a cambio de la cesión gratuita del solar. Y buena parte de esos trabajos no se ejecutaron en su día.
El ORAL
El Ayuntamiento tiene contratada actualmente la recaudación de impuestos y tasas municipales con el ORAL -que depende de la Diputación-, pero la intención del tripartito es que sea directamente el Concello el que se ocupe de esas tareas.
La previsión de los técnicos municipales es que rescindiendo el contrato con el ORAL, el Ayuntamiento se ahorrará unos 70.000 euros anuales. La intención del equipo de Castro es empezar con el nuevo sistema de recaudación este mismo año.
