El texto original del plan de regularización del Catastro incluía la obligación de pagar por los invernaderos agrícolas, pues se les daba la misma consideración que instalaciones industriales. Esta situación podría generar grandes perjuicios en comarcas como la de O Salnés, de ahí que en su día se generase un movimiento de protesta hacia la medida.
Y las movilizaciones en contra del pago de los invernaderos, aunque tímidas en Galicia, dieron resultado, pues el Ministerio de Hacienda terminó retirando las estructuras agrarias del abono del IBI rústico, para alivio de miles de empresas y pequeños contribuyentes.
