08 de julio de 2017
08.07.2017

Un arousano se enfrenta a 18 años por presuntas violaciones de su expareja

-La fiscal afirma que las relaciones forzadas empezaron al romperse la relación, en 2015 -El acusado y la víctima estuvieron unidos durante cinco años y tuvieron un hijo

08.07.2017 | 03:09
Sede la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde se celebrará el juicio. // Rafa Vázquez

La sección cuarta de la Audiencia Provincial acoge la próxima semana un juicio contra un arousano acusado de violar en repetidas ocasiones a la que había sido su expareja sentimental. El hombre es J.M.L.M., y la fiscal Carmen Diez pide para él 15 años de prisión por el supuesto delito sexual y otros tres por maltrato habitual.

Según el escrito de acusación, J.M.L.M. y la víctima fueron pareja durante cinco años, llegando a tener un hijo. La relación se rompió en agosto de 2015, y según la fiscal a partir de ese momento el hombre abusó en varias ocasiones de la mujer en contra de su voluntad. En la última ocasión lo habría hecho en una pista apartada de Barrantes, en el interior de un furgoneta.

Las supuestas relaciones sexuales forzadas empezaron en el domicilio que compartía la pareja, y en el que la mujer y el hijo común se quedaron hasta un mes después de la ruptura. La fiscal apunta que "en ese momento inicial (la mujer) no reunió valor para denunciarlo, optando por soportarlo con la esperanza de que no volviese a repetirse, y atemorizada por la intimidación que ejercía sobre ella".

El escrito de acusación reseña que el acusado tiene antecedentes penales, y que "amenazaba a la mujer con matarla si la veía con otro hombre" y diciéndole que "se había comprado una pistola". El maltrato también era presuntamente gestual, pues "alzaba el puño ante ella cuando discutían, y llegó a romper de un puñetazo la mampara de la ducha, estando ella dentro, y la ventanilla del coche, cuando se encontraban en su interior tanto la mujer como el hijo de ambos".

Pasado un tiempo, la víctima se mudó a casa de sus padres con el niño. Pero según el escrito de la fiscal, no cesó ahí su calvario, puesto que entre las 14.00 y las 15.00 horas del 29 de septiembre, "cuando su relación ya estaba definitivamente rota, y cesada su convivencia", el acusado le envió unos mensajes al teléfono indicándole que fuese "sola" a recoger al niño al colegio de Barrantes (Ribadumia), porque él iba a estar allí, y de lo contrario "hay lío". Dejaron al menor en casa de los abuelos, y presuntamente el detenido obligó a su expareja a seguirle con su coche en dirección a Barrantes, "saliéndose de la carretera a los pocos minutos e introduciéndose por una pista que conducía a un lugar aislado".

Según la acusación, en ese lugar "se consumó una nueva violación", esta vez en la furgoneta que conducía la mujer, "tapándole la boca para que no gritara cuando ella empezó a gritarle que parase que le iba a denunciar". "Una vez que terminó, de nuevo volvió a reaccionar violentamente contra ella, la agarró por el cuello y levantó la mano en ademán intimidatorio para mantenerla atemorizada y hacerle desistir de su voluntad de denunciar esta última vez, invirtiendo en todo ello una hora, tiempo en que la tuvo retenida en su compañía".

Temor a ser denunciado

Pero la mujer ya no esperó más. En esta ocasión sí denunció. El acusado ya se debió temer que su expareja no iba a consentir nuevas agresiones, puesto que según la fiscal del caso, esa misma tarde le envió varios mensajes preguntándole si lo iba a denunciar. En uno de ellos llegaba a decirle: "Tranquila que non te tomo máis, non te preocupes" y en otro escribía: "Non quero perder os meus peques na cárcel". "¿Queres contestar? Só quero saber se me vas denunciar", planteaba en otro mensaje transcrito en el escrito. Supuestamente, el acusado había enviado la noche anterior varios mensajes menospreciando y menoscabando la autoestima de la víctima, y al día siguiente le preguntó varias veces si tenía otra pareja, llegando a arrebatarle el móvil para controlar su contenido. Por estos hecho, la fiscal le pide 18 años de cárcel, una indemnización de 120.000 euros, una orden de alejamiento y comunicación, y que el hombre se someta a programas de educación sexual y contra la violencia de género.

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