El grupo municipal socialista, con María Ferreirós a la cabeza, denuncia que "el cuadro de personal que acompaña al presupuesto municipal aprobado inicialmente el día 2 por el gobierno del PP incurre en causa de nulidad absoluta, por incumplimiento de la obligación de negociar el mismo con los representantes de los trabajadores".
Esta es solo una de las alegaciones presentadas por el PSOE, las cuales se suman a las planteadas por el Colexio de Secretarios e Interventores de Pontevedra, el cual alude a "la ausencia de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), a la ausencia de intervención sindical, a la omisión del puesto y la plaza de Tesorería y al hecho de que el Concello está impidiendo que se cubra el puesto de Intervención y Secretaría".
En su escrito de alegaciones los socialistas valgueses manifiestan que "el presupuesto del Ayuntamiento de Valga para este año recoge previsiones acerca de los créditos necesarios para el abono de las remuneraciones de personal, las plazas de nueva creación y una plaza de personal de confianza, con especificación de la denominación y coste anual de las mismas".Repercusiones
Se trata "de aspectos económicos y de contenido sustantivo que sin duda alguna conllevan una clara repercusión en las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del ayuntamiento, de donde resulta su obligada inclusión en la exigencia de la preceptiva negociación colectiva".
Lo que quieren decir es que "se trata de materias que han de ser objeto de negociación", y a este respecto los socialistas inciden en que una sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2011 señala que "para poder considerarse válidamente cumplida" esa negociación "lo que se precisa es que se haya ofrecido a los representantes de los funcionarios, a través de un debate realizado en condiciones de igualdad, la posibilidad de participar en el proceso de formación de la decisión administrativa que esté legalmente sujeta a la necesidad de dicha negociación".
En la misma línea se hace constar que "resulta sorprendente el hecho de que este ayuntamiento no cuente con una RPT de personal laboral ni funcionario pese a estar vigente ya su exigencia por la vieja ley 30/1984, no aduciéndose motivos para la continuación de un expediente que nos consta comenzado en el año 2016 con vistas precisamente al ejercicio 2017, pues las RPT suponen la ordenación capital para garantizar la seguridad jurídica y evitar la ahora existente improvisación, arbitrariedad e irracionalidad en las dotaciones de plazas públicas".
Pero esto no es todo. Los socialistas aluden igualmente a la "nulidad por incumplimiento de la Ley 27/2013 de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local", toda vez que "desde el 1 de enero de 2017 corresponde a las corporaciones locales realizar las modificaciones necesarias (creación del puesto de trabajo en la RPT y consiguiente dotación en el presupuesto) para que el puesto de Tesorería se clasifique por la comunidad autónoma como puesto reservado a la subescala correspondiente de la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, actuación no llevada a cabo y que conlleva la nulidad del presupuesto".Abono de retribuciones
Paralelamente, el equipo de María Ferreirós denuncia "nulidad por incumplimiento de la LBRL y el ROF sobre determinación del régimen de funcionamiento de la comisión de coordinación y abono de sus retribuciones", haciendo hincapié en que "con carácter general todos los grupos políticos integrantes de la Corporación tendrán derecho a participar, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos, en los órganos complementarios del Ayuntamiento (art. 20.3); previsión que se concreta en relación a las Comisiones Informativas, al establecer que cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación".
