La Xunta solo dispone de 3.000 viviendas de protección para alquilar en toda Galicia, lo que significa que la demanda prácticamente quintuplica a la oferta. Y es que a las tres mil familias que ocupan una vivienda de promoción pública en régimen de arrendamiento, se suman otras 11.300 apuntadas en el registro de demandantes que esperan para poder ocupar un piso público con un alquiler social. Por tanto son casi 15.000 personas para un parque inmobiliario público cinco veces inferior.
Al igual que ocurre en Vilagarcía de Arousa, en el conjunto de Galicia el interés por comprar una vivienda protegida es mucho menor que por arrendarla. Y cada vez es menor: de los 8.600 gallegos que solicitaban ser propietarios de una vivienda pública en 2012, ya solo quedan 1.700. Solo en el último año la caída fue de un 10%.
