La noticia publicada ayer por FARO DE VIGO sobre la necesidad de que O Grove realice ahora los contratos al personal voluntario de la pasada Festa do Marisco, como estrategia con la que evitar una multa de unos 700.000 euros al Concello, ha caído como un jarro de agua fría en el panorama político municipal.
Después de las primeras críticas vertidas por el concejal nacionalista Heladio Outeiro, otros como el galeguista Alfredo Bea se suman a ese posicionamiento y exigen explicaciones inmediatas al gobierno, incluso amenazando con reunir a toda la oposición para forzar una petición de comparecencia en pleno del alcalde y los concejales de Turismo y de Empleo.
Mientras tanto el primer edil, el socialista José Cacabelos Rico, lamenta esos "ataques infundados" de la oposición y explica que contratar con efectos retroactivos a los voluntarios de la pasada fiesta es "la solución menos mala".
Para "salir del paso"
Reconoce que esta medida no le agrada, e incluso que algunos trabajadores pueden tener problemas con la Seguridad Social o el Inem -les ofrece apoyo jurídico-, pero considera que este es el modo de "regularizar la situación y salir del paso".
El máximo mandatario confirma que en ningún caso hay un expediente sancionador firme contra el Concello, sino que esa multa de 700.000 euros a la que ayer aludía el BNG es la sanción que podría imponerse a la Administración local en caso de acudir a la vía judicial y perder; "aunque también podríamos ganar y no tener que pagar nada", espeta el regidor.
Un modo de evitar el juzgado
De ahí que contratar a destiempo a los voluntarios sea una forma de evitar la vía judicial, satisfacer a Inspección de Trabajo y prevenir males mayores.
Para que el lector se haga una idea de lo sucedido y pueda ampliar su conocimiento de la situación después de lo avanzado ayer por el decano de la prensa nacional, puede decirse que el alcalde contactó ayer con este periódico para explicar que su gobierno lleva meses negociando con Inspección de Trabajo.
Hasta 6.000 por voluntario
Y en esos contactos "lo que llegamos a plantear fue que tendríamos que ir al Juzgado de lo Contencioso para defender nuestra postura, en cuyo caso Trabajo tendría que acudir también a la vía judicial y podría plantear una propuesta de sanción de entre 4.000 y 6.000 euros por voluntario", lo cual elevaría la multa a entre 600.000 y 700.000 euros.
"Eso es lo que se habló, pero sin concretar sanción alguna, y para solucionar todo esto nos dijeron que podemos resolverlo dando de alta en la Seguridad Social a los voluntarios como si fueran trabajadores, haciéndoles un contrato y pagando a la Seguridad Social".
Es por ello que se citó a todos los afectados a la reunión celebrada el martes por la noche, "para que supieran que tienen que pasar por el Concello a firmar, y algunos ya lo hicieron".
Esto quiere decir que "no hay sanción para el Concello ni para los voluntarios, sino que se trata solo de regularizar su situación, y para no perjudicar al Concello, a la fiesta ni a los propios voluntarios acepté este acuerdo con Inspección de Trabajo", asevera el alcalde meco.
Por cierto, que en la reunión del martes, "a la que acudió el portavoz del BNG sin estar invitado, nadie se marchó enfadado ni protestó por esta situación", asegura Cacabelos.
Parece que "dos de los asistentes preguntaron cómo les afecta esto, porque cobraban una pensión en el momento de trabajar en la fiesta, y normalmente las pensiones son compatibles con contratos, y otro asistentes advirtió de un error en el código empleado para la baja por fin de contrato, ya que aparecía como baja voluntaria, pero eso tampoco es problema porque el interventor ya fue a Pontevedra para corregirlo con la Seguridad Social".
En definitiva, que "vamos a resolver esto de la mejor manera posible, pero quiero insistir en que no hay ninguna multa y que logramos, sin estar de acuerdo con ella, la mejor solución posible en estos momentos pensando tanto en la Festa do Marisco como en la gente que colaboró con nosotros en la misma".
