Como se informó cuando se dictó la sentencia del Juzgado de lo Penal ahora ratificada por la Audiencia en la que se inhabilita a Alfredo Bea García para ocupar cargo público, hay un dato a tener en cuenta para entender lo sucedido, y es que la denuncia por presunto delito de prevaricación administrativa partió de Jaime Parada, el que era jefe de la Policía Local cuando se produjeron los hechos y persona que mantuvo serias discrepancias con el concejal galeguista.
En el juicio las defensas de Alfredo Bea y Henrique Escalante incidieron en que aquel agente "obtuvo de manera ilícita las copias de documentos que acompañó en su día con la denuncia, pues los originales de los mismos son gestionados por la empresa Recyges, contratada por el Concello para tramitar los expedientes administrativos".
Entre los testigos que participaron en el proceso otro agente policial manifestó que en las oficinas de la Policía Local de O Grove no había copias de los expedientes.
