Las espadas siguen en todo lo alto en el caso del concejal galeguista Alfredo Bea García condenado por un delito de prevaricación en relación con una multa de tráfico que fue anulada en el Ayuntamiento de O Grove.

Este largo proceso escribe un nuevo capítulo al conocerse el fallo de la apelación ante la Audiencia de Pontevedra que vuelve a condenarlo y le obliga a renunciar a su acta de edil, al inhabilitarle para ocupar cargo público.

Pero el galeguista ya prepara su recurso de casación, que no solo elevará al Tribunal Supremo, "sino que en caso necesario llevaré al Europeo, pues no está en juego solo mi acta de concejal, que a la postre no es algo que me preocupe perder, sino que se pone en entredicho mi honor y honradez, que es algo que siempre defenderé a capa y espada".

Todo esto tiene que ver, básicamente, con una multa impuesta por la Policía Local a un miembro de Protección Civil de O Grove, Henrique Escalante de Lima, también condenado en esta causa.

Este joven estaba haciendo un encargo para Bea, que era entonces delegado de Seguridad Ciudadana. Se trataba de recoger unos documentos y llevarlos a una reunión, pero en el ir y venir de un lado a otro Escalante acabó aparcando mal y fue multado.

Tras consultar con Bea éste emitió un informe explicando que el miembro de Protección Cil estaba haciendo un trabajo para el Concello en el instante en que le pusieron la sanción, por lo que pedía que fuera anulada, lo cual no quiere decir que él la retirara.

Lo que hizo el denunciado fue usar ese informe para avalar la correspondiente alegación contra la multa, la cual fue anulada por la propia policía.

El agente encargado de ponerla y quitarla llegó a hablar con Bea, quien sí le confirmó que él había emitido aquel informe, "pero eso no quiere decir que le coaccionara y le obligara a retirar la multa; muy por el contrario, si el policía creía que era una ilegalidad tenía que omitir cualquier orden en ese sentido y denunciarme inmediatamente, pero sin embargo se limitó a retirar la sanción", resalta el edil.

Pero los tribunales de Justicia entienden, al menos hasta ahora, que lo que hizo Bea fue incurrir en un delito de prevaricación, de ahí que lo inhabiliten para cargo público.

Él no se cansa de repetir una y otra vez los mismos argumentos, a los que ahora añade que va a presentar recurso de casación "por indefensión durante el juicio, ya que no se atendieron ni admitieron pruebas existentes a mi favor, por lo que queda vulnerado el principio de defensa".

Convencido de que todo esto obedece a una persecución política y que es "la venganza de algunos", proveniente de los enfrentamientos que como edil de Seguridad Ciudadana mantuvo con la Policía Local, Bea advierte de que en la sentencia de la Audiencia "se recogen afirmaciones que no responden a la realidad".

Tras asegurar que actuó "estrictamente como marca la ley desde el minuto uno", Alfredo Bea dice seguir confiando en la Justicia, por eso espera que fructifique su recurso, "ya que soy absolutamente inocente", proclama.

Es esto lo que lo lleva a recordar que "la multa no la quité yo, y es todo tan simple como que se mandó a una persona de Protección Civil que desempeñara una función pública durante la cual aparcó mal, pero es como si se mandara a un barrendero en su coche a una calle peatonal que tiene que barrer".

Lo que quiere decir es que "como responsable de Protección Civil le encargué un cometido, pero no le dije que aparcara mal, sino que fuera a por una documentación".

Efectivamente, "cuando fue sancionado le dije que presentara una alegación, precisamente para cumplir escrupulosamente la ley, y por mi parte lo único que hice fue emitir un informe explicando lo sucedido, que fue lo que ese trabajador incorporó al documento que entregó por Registro".

A partir de ahí "la multa pasó por todos los servicios municipales y diferentes funcionarios, ante lo cual nadie dijo absolutamente nada y el agente vino a mi despacho a preguntarme si hice el informe explicando los motivos por los que el coche estaba allí aparcado, le respondí que si y eso fue todo".

En realidad no todo, ya que el conflicto con la Policía Local, cuando el edil se negaba a pagar más horas extraordinarias -entre otros frentes de batalla-, también estaba en el aire. "Es cierto, por eso creo que detrás de todo esto hay una confabulación contra mi", espeta.

Pero advierte: "Mi honorabilidad no la pisa un exjefe ni un agente de policía que acudió a mi despacho y después faltó a la verdad"

Y termina diciendo: "Si al final le quitaron la multa la culpa no es mía, e insistiré en ello allí donde sea necesario porque insisto en que no me preocupa dejar de ser concejal, pero no firmé ninguna resolución a sabiendas de su injusticia y no voy a permitir que jueguen con mi honor".