El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) notificó esta semana al Ayuntamiento de Vilagarcía la resolución del recurso de apelación interpuesto por la promotora Costa Verde, que exigía al Concello la responsabilidad patrimonial por los perjuicios que supuestamente le había provocado a la empresa el conflicto de la urbanización Veiga de Lamas. El tribunal desestimó el recurso en el que Costa Verde solicitaba a la administración local 1.150.712 euros, por la demora sufrida en las obras de urbanización y la supuesta pérdida de venta de pisos como consecuencia de ello. También reclamaba la devolución de la fianza de 83.255 euros.

La sentencia del TSXG reafirma la decisión anterior de la Sala número 2 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra, que falló en el mismo sentido. El recurso de la promotora tuvo como origen un conflicto por la titularidad de parte de los terrenos en los que estaba prevista la apertura de un vial público y la urbanización e instalación de servicios. "Por culpa de esta pretensión entre particulares, el vial no pudo completarse ni tampoco la dotación de servicios básicos", incide el gobierno vilagarciano.

Este contratiempo, que se remonta a varios años atrás, se desbloqueó en parte hace un mes cuando, el actual equipo de gobierno, después de intentar infructuosamente que el propietario le vendiera los terrenos necesarios para completar el vial, decidió ejecutar la actuación ciñéndose solo a la parte que ya era de propiedad municipal. Aunque la calle no podrá acondicionarse en su totalidad, la actuación del Ayuntamiento permitirá llevar los servicios básicos a la parte de la urbanización que aún carecía de ellos como consecuencia del conflicto, tal y como demandaban desde hace años los vecinos de la zona.

El procedimiento de contratación de las obras ya está iniciado y en curso. El proyecto tiene un coste de 60.000 euros que se financiarán con el aval depositado en su día por las empresas responsables de la urbanización, Costa Verde e Indeza. Así, los vecinos por fin podrán circular en coche por la urbanización y algunos acceder a sus viviendas por la entrada principal por primera vez desde que las adquirieron.

Como las obras afectarán estrictamente al dominio público, el vial tendrá un ancho inicial de 5,20 metros para concluir con más de nueve, enlazando así con el resto de la red viaria, de diez metros de ancho. El proyecto prevé el remate del vial ya iniciado en la parte sur mediante bordillo de hormigón, aceras de loseta hidráulica a ambos lados y capa de aglomerado en la zona de paso de vehículos. Se instalará la señalización vertical y horizontal correspondiente, se dotará la calle con tres puntos de luz y se continuará con la instalación de las redes de saneamiento, pluviales, abastecimiento de agua, telefonía, alumbrado, cable, electricidad y gas.