La familia de Marcial Dorado Baúlde tal vez aún no se rinda. Su abogado, Manuel Tuero, está analizando en detalle la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ratifica la condena de seis años de prisión por blanqueo de dinero para el arousano, al tiempo que ordena a la Audiencia Nacional reconsiderar la absolución por revelación de secretos. El letrado hablará con su patrocinado y su familia para saber qué opinan ellos, aunque él considera a título particular que "hay materia para recurrir".
La opción que les quedaría ahora es solicitar el amparo del Tribunal Constitucional, al entender que "se han violado preceptos y garantías constitucionales". Este argumento no es nuevo, habida cuenta de que en el recurso que presentaron ante el Supremo ya alegaban que la Audiencia Nacional había vulnerado algunos de estos preceptos. Manuel Tuero hace especial hincapié en la tesis de que los magistrados dan por probado a la ligera que Marcial Dorado labró su fortuna con el tráfico de drogas.
El letrado defensor apunta que en la sentencia hacen mención tanto a la operación "África", que se archivó en los juzgados porque jamás apareció la droga ni se encontraron pruebas sólidas contra los investigados; como al alijo del South Sea, pero que ninguna explica o demuestra que el histórico contrabandista arousano se enriqueciese con el tráfico de cocaína. "Hay que recordar que la gente que se vio implicada en el 'South Sea' no ganó ni un duro", plantea.
Además, se trata de un alijo de 2003, muy posterior a la mayoría de las operaciones bancarias y apertura de negocios por los que fue investigado Dorado. Se da la circunstancia de que el arousano está condenado a 10 años de prisión por narcotráfico por la aprehensión de este buque. Su vinculación con el alijo vendría por el hecho de que vendió una embarcación al líder de la organización, Roberto Leiro. Dorado siempre defendió su inocencia, alegando que no sabía el uso que Leiro le iba a dar al barco, pero los jueces jamás le creyeron.
En todo caso, Tuero apunta que aún les quedaría otro cartucho, si la familia lo considera oportuno, como sería el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Aunque para recurrir a esta instancia tendrían que solicitar antes el amparo del Constitucional, pues el recurso a Estrasburgo obliga a agotar primero el ordenamiento jurídico del respectivo país.
El abogado opina de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada el jueves pasado, que "tiene mucha literatura, pero a la hora de la verdad hay poca enjundia", y se muestra "extrañado" por el hecho de que se cambió la práctica totalidad de la sala -los magistrados que deliberan sobre los recursos- a la vuelta del verano, poco después de que las partes presentasen sus recursos de casación. "De la sala anterior solo quedó el ponente. Es extraño", aduce.
En cuanto a la decisión del Alto Tribunal de ordenar a la Audiencia Nacional que revise la absolución por revelación de secretos, Manuel Tuero cree que es un guiño al Ministerio Fiscal, que también presentó un recurso al Supremo, pero que vio como la práctica totalidad de sus postulados no fueron aceptados. En ese caso, la imputación se produce por la aparición de unos documentos en casa del exguardia civil que trabajó para Dorado, y que le habría entregado al primero de ellos un exfuncionario de Aduanas.
Los comisos
El abogado asturiano afincado en Madrid que defiende a Marcial Dorado desde hace años también alerta sobre la situación judicial de los bienes decomisados. "En las sentencias se ordena el comiso de todas las sociedades... Pero ojo, en todo caso será el comiso de la parte de esas sociedades que pertenecía a Marcial Dorado. Hay socios que han sido absueltos o que ni siquiera fueron llevados a juicio, de modo que no parece que el comiso de la totalidad de las sociedades tenga fundamento jurídico".
Esa situación deberá aclararla ahora la Audiencia Nacional, que es el órgano que ha de dirigir la ejecución de la sentencia. En el caso de los bienes, están valorados en 21,5 millones de euros, e incluyen desde innumerables bienes inmuebles, hasta gasolineras o aparcamientos subterráneos. Entre la relación de propiedades que pasará a gestionar el Estado -si no lo evita un eventual recurso futuro- figuran desde docenas de pequeñas fincas en A Illa de Arousa hasta el chalé de la familia, valorado por los peritos en 3,5 millones de euros.
Lo que sí establece la sentencia del Tribunal Supremo es una rebaja de la condena a la mitad de la pareja sentimental de Dorado, Otilia Ramos, y de una hija del narcotraficante, María Dorado, que ahora no tendrán que entrar en prisión.
