El edificio administrativo del Concello de O Grove, o mejor dicho, la orden de demolición que pesa contra el mismo después de haber sido declarado ilegal, sigue ocasionando gastos.
No hace mucho se explicaba que la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) impone periódicamente multas económicas que la Administración local debe abonar. A esto se suman otros gastos, con por ejemplo los 6.500 euros -sin IVA- destinados a la firma Jiménez de Cisneros Abogados S.L.P. para que redacte un "dictamen de defensa de la no demolición" del edificio.
De este modo el gobierno de Antonio Cacabelos, el mismo alcalde que construyó el inmueble, sigue moviendo ficha para tratar de evitar que lo tiren. Si esto sucede, como se explicó en otras ocasiones, puede suponer al Concello un gasto de alrededor de dos millones de euros entre coste de construcción, derribo, devolución de subvenciones y demás.
