La Consellería do Mar pretende endurecer tanto los controles como el régimen sancionador para evitar tanto la comercialización de especies ilegales -por ser capturadas en veda, superar los cupos o tener menos tamaño del permitido- como la venta de productos que pueden resultar un peligro para la salud pública y la imagen de todo el sector, como sucede cuando se manipula y vende vieira o mejillón con toxina.
Del mismo modo se introducen criterios con los que se trata de preservar el ecosistema marino, castigándose, por ejemplo, el vertido o la utilización de productos contaminantes.
Estas sanciones, además de ser susceptibles de se perseguidas judicialmente, por constituir un delito, pueden dar lugar a la pérdida de todos los privilegios de los que gocen los infractores en materia de pesca, marisqueo o acuicultura, pues podrán quedarse sin su parque de cultivo, su permiso de explotación e incluso su batea.
Este mayor control, que la conselleira Rosa Quintana cree necesario y plenamente justificado, es uno de los elementos que levantan mayores ampollas en el sector ahora que está sobre la mesa el anteproyecto de la Lei de Acuicultura de Galicia.
Diferentes cofradías de pescadores y asociaciones de bateeiros ya mostraron su rechazo frontal a este articulado, incidiendo en que están absolutamente en contra de aspectos como dicho régimen sancionador. Aunque también es cierto que hay colectivos que apoyan el endurecimiento de las inspecciones y las sanciones, convencidos de que "es beneficioso para todos" y de que "quienes cumplen la ley no tienen nada que temer".
Para que el lector se haga una idea puede indicarse que en el capítulo referido a las infracciones, la Lei de Acuicultura tipifica como "muy graves", y por tanto son las que darán lugar a las sanciones más importantes, acciones como la "resistencia o desobediencia grave" a los responsables de la vigilancia, la instalación o explotación de establecimientos acuícolas sin permiso, la obtención de concesiones o autorizaciones basándose en documentos falsos o la alteración de las áreas "aptas para la acuicultura".
Igualmente, será castigado con dureza verter al mar o abandonar cualquier residuo o elemento que perjudique a los recursos marinos, así como incumplir los programas de vigilancia ambiental.
A esto se suma, y estos son algunos de los aspectos que más preocupan a determinados bateeiros, la prohibición de extracción, posesión, transporte o comercialización de productos acuícolas procedentes de zonas de producción cerradas por motivos de seguridad alimentaria y/o higiénico-sanitarios sin las correspondientes autorizaciones administrativas.
Esto es tanto como decir que se perseguirá, y el bateeiro de turno puede perder su concesión, una práctica como cambiar las cuerdas de mejillón de una batea cerrada por toxina para otra abierta, con el propósito de venderlo desde allí e introducirlo en la cadena alimentaria a pesar del riesgo para la salud pública.
Esta práctica se ha realizado y denunciado en numerosas ocasiones, incluso dando lugar a episodios de intoxicación dentro y fuera de España, lo cual no solo constituye una amenaza para el consumidor, sino que genera una pérdida de imagen y de confianza en el producto gallego.
Es por ello que también se considera infracción muy grave carecer de los sistemas de seguimiento y localización de las embarcaciones auxiliares de acuicultura, ya que mediante esos mecanismos es posible, por ejemplo, vigilar a los barcos que trabajan de noche y en zonas cerradas por presencia de biotoxinas, como ya ha sucedido en algunas ocasiones.
El castigo
¿Y a qué se exponen los infractores? Pues según el anteproyecto de la Lei de Acuicultura cada infracción considerada "muy grave" será sancionada con multas de entre 30.001 y 600.000 euros.
Además, en algunos supuestos, como la citada manipulación de mejillón con toxina, el responsable se expone a una inhabilitación de hasta cinco años para el desarrollo de actividades acuícolas.
En otros casos se contempla la suspensión de los permisos, también por cinco años, la clausura temporal del establecimiento de acuicultura, la imposibilidad de acceder a préstamos o subvenciones y el decomiso de útiles, instrumentos, embarcaciones, vehículos e instalaciones de todo tipo.
