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El Estado inyecta este año en la comarca 21 millones de euros, 1,3 más que el anterior

Las transferencias de fondos estatales crecen en el conjunto de O Salnés un 7%, similar a la media gallega -Vilagarcía lidera el mayor incremento, al pasar de 6,9 a 7,5 millones

Las transferencias de fondos del Estado crecen este año en todos los ayuntamientos de O Salnés. Según los datos del Ministerio de Hacienda -sin tener en cuenta los descuentos por liquidaciones negativos y otros conceptos-, a lo largo del año la comarca ingresará un total de 21 millones de euros, 1,3 más que en 2014. Esta cantidad irá llegando a cuentagotas a las arcas municipales, pues el Ministerio de Hacienda realiza las entregas a cuenta de forma mensual.

Todos los ayuntamientos salinienses sin excepción verán aumentados sus ingresos procedentes del Estado. El cómputo comarcal arroja un crecimiento del 7% en relación a 2014, un aumento similar al 6,8% de la media gallega, según recoge en un documento la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Teniendo en cuenta que la población es uno de los tres criterios -junto con el esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria- que se tienen en cuenta a la hora de distribuir los fondos, Vilagarcía es el municipio al que más dinero llegará este año por la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) -que entre otros asuntos compensa las competencias impropias-. La previsión del departamento que dirige Cristóbal Montoro para Ravella asciende a 7,5 millones de euros frente a los 6,9 de 2014.

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Le sigue Sanxenxo, con 3,1 millones de euros; Cambados, con 2,6; O Grove, con 2 millones, y está muy cerca Vilanova de Arousa, con solo 15.000 euros menos de transferencias del Estado en 2015 que el municipio grovense.

El caso de A Illa

El resto de los ayuntamientos de O Salnés ya se sitúan por debajo del millón de euros de ingresos de las arcas estatales. Son Meaño (999.213,73 euros), Ribadumia (875,205,4 euros), A Illa (866.057,68 euros) y Meis (882,489,76 euros). Los cuatro concellos se mueven en torno a los 5.000 habitantes, si bien estar por encima o por debajo de este umbral marca una diferencia importante en el reparto de fondos del Estado. Ejemplo de ello es el caso de A Illa, el único ayuntamiento de los nueve que conforman O Salnés que en 2014 experimentó un incremento de financiación en relación a 2013. ¿El motivo? El aumento del padrón a 5.004 vecinos, por tanto superando la barrera que le impedía recibir más dinero de las transferencias que realiza el Ministerio de Hacienda a las entidades locales.

Si bien las entregas a cuenta iniciales de 2015 -sin incluir reintegros por liquidaciones ni retenciones por compensaciones de deuda con acreedores públicos- recogen previsiones que beneficiarían a los municipios salinienses con una inyección de 1,3 millones de euros superior a la del año anterior, estas dosis de optimismo podrían resultar efímeras, pues los ayuntamientos arousanos podrían figurar entre el 80% y 90% de concellos gallegos que tendrán que devolver dinero al Estado correspondiente a la liquidación del PIE de 2013. Las cifras exactas y definitivas no se conocerán hasta el 30 de junio -en el conjunto de la comunidad autónoma los alcaldes deberán reintegrar 34 millones de euros, según la estimación de la Fegamp-.

Uno o dos años después de las entregas a cuenta, Hacienda realiza las liquidaciones, que constatan si las previsiones de la financiación asignada se hicieron al alza, a la baja o en su justa medida.

Esas estimaciones de ingresos estatales en las arcas municipales se realizan con base en tres parámetros. Por un lado está la población, y por tanto cuantos más habitantes tenga un concello más dinero recibirá del Estado. Los cambios de tramo se sitúan en los 5.000 vecinos, 20.000 y más de 50.000.

El segundo criterio a la hora de distribuir la financiación local es el esfuerzo fiscal, o lo que es lo mismo, la eficacia del Concello en la recaudación. En este sentido se tienen en cuenta el IBI, el IAE o el rodaje -impuesto sobre vehículos-. El tercer factor a tener en cuenta es el inverso de la capacidad tributaria, un complejo parámetro que grosso modo supone una mayor aportación de fondos a los ayuntamientos con menos posibilidades recaudatorias.

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