El PSOE de O Grove reaviva su guerra urbanística contra el grupo de gobierno del PP y el constructor Óscar Miniño. El portavoz socialista José Cacabelos firma un comunicado en el que acusa al tripartito y a la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de tener dos varas de medir distintas con las infracciones urbanísticas.
En este sentido, la formación que lidera José Cacabelos sostiene que en los tres últimos meses presentaron dos denuncias por construcciones que según ellos incumplen la legalidad sin que ni la administración local ni la agencia autonómica actuasen.
Los socialistas llaman la atención sobre un edificio construido sobre la capilla de San Antonio, sobre un grupo de viviendas situadas en As Baladas y sobre un restaurante que se está haciendo en Pedras Negras, en la parroquia de San Vicente. "Se trata de tres construcciones con expediente urbanístico abierto e incluso con órdenes de derribo sobre las que el tripartito no solo no está tomando ninguna decisión sino que parece que están haciendo la vista gorda", manifestó ayer Cacabelos. "En por lo menos dos de ellas, según información de los propios vecinos, se está continuando con las obras".
Se trata en los tres casos de construcciones vinculadas a Óscar Miniño, un controvertido constructor grovense que ya ha tenido sus más y sus menos con el PSOE, y que empezaron en la época en que Cacabelos era alcalde. Tanto es así que siendo regidor el socialista le paró varias obras a Miniño, y éste contraatacó denunciando a Cacabelos por la obra del edificio administrativo, sobre la cual también pende una orden de derribo.
Para los socialistas tanto la APLU como el Ayuntamiento "aplican el doble rasero que lleva vigente desde que el PP llegó a la Alcaldía. Así, construcciones de los amigos siguen adelante aunque sean ilegales, mientras que en aquellos casos en que no existe afinidad política se emprenden verdaderas cruzadas denunciando incluso viviendas legales".
Cacabelos prosigue afirmando que "todo parece apuntar a que existe una intencionalidad clara del Partido Popular en que el plan de urbanismo sirva para legalizar lo ilegalizable, aunque sea a costa de que muchos vecinos pierdan sus derechos". Por ello, concluye instando a la APLU a que "cumpla su papel y se centre en actuar contra infracciones verdaderamente graves, con objetividad e imparcialidad y teniendo siempre en cuenta el interés general de O Grove".
