El juicio a Marcial Dorado y 15 personas más continuó ayer en la Sección Primera de la Audiencia Nacional con la declaración de casi una decena de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que habrían participado directa o indirectamente en algunos de los registros que se realizaron durante la investigación.
Algunos de los funcionarios que fueron interrogados ayer actuaron en la entrada al despacho de María Dorado, una de las hijas del histórico contrabandista arousano, y que trabaja en el edificio de la calle vilagarciana de Doutor Tourón en la que tienen su sede varias empresas de su padre.
La defensa de María Dorado solicitó en su día que se anulase dicha actuación al considerar que se había vulnerado un principio legal básico, como es el de avisar al Colegio de Abogados cuando se va a realizar una entrada de registro en el lugar de trabajo de uno de sus colegiados (como era el caso de María Dorado) para que el decano o un delegado suyo puedan estar presentes en la actuación.
Los miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera que participaron en esa actuación, hace ya una década, defendieron sin embargo la validez de su trabajo durante sus declaraciones de ayer en San Fernando de Henares. A preguntas de la fiscal del caso dijeron que María Dorado no tenía ninguna placa en el exterior del edificio o de las oficinas que la identificase como abogada, y que tampoco estaba al corriente del Impuesto de Actividades Económicas. Los letrados de las defensas, por su parte, insistieron en que no es obligatorio el abono de dicho impuesto, como tampoco lo es colocar una placa que identifique a un empleado como abogado en el interior de la empresa para la que trabaja.
