"Quiero defender la legalidad de todas las actuaciones hechas durante mi mandato porque estuvieron totalmente avaladas por acuerdos de Junta de Gobierno, informes técnicos y todo lo necesario. De la caseta vecinal de O Sineiro debo decir que por mucho que Miguel Pérez quiera insistir en lo contrario se legalizó mediante una sentencia judicial que nosotros recurrimos cuando nos denunció el empresario Óscar Miniño. Durante el mandato de Pérez la resolución del juzgado fue favorable al Concello, reconociendo el carácter urbano de O Sineiro. Esta caseta tiene un problema, y se llama Pérez, porque Óscar Miniño recurrió la sentencia al TSXG y Pérez dejó pasar el plazo que tenía para defender al Concello. Si la tienen que derribar es porque el TSXG lo quiere a causa de un defecto de forma.

El edificio administrativo cumple todos los requisitos legales y tiene todos los informes jurídicos externos que avalan la actuación del Concello y por tanto avalan cualquier defensa jurídica que se quiera hacer, y eso es lo que exijo a Pérez.

A mayores está el 'decreto Cuiña'. En 2010 la Xunta del PP cambió la ley y en una disposición ponía que en los suelos urbanos prevalecerá el estado real de los mismos incluso por encima de los decretos de suspensión. Ante esto el aparejador, el secretario y yo nos reunimos con la secretaria xeral de Urbanismo y nos confirmó que se estaban haciendo las cosas bien.

El edificio administrativo está al lado de inmuebles, supermercados, una plaza pública y una calle totalmente urbanizada, es decir, no había problema alguno para construirlo ahí. Si no fuera así tanto el supermercado como los demás edificios serían ilegales. Además el Concello acaba de gastar 60.000 euros de la Diputación para reformar toda la calle, lo que demuestra que actuamos correctamente.

La APLU no es una herramienta política del PP y en O Grove lo demuestra. Tenemos la famosa urbanización de Raeiros, que tiene sentencia de demolición de la APLU y del TSXG pero sigue ahí. Cuando yo era alcalde presentamos denuncias ante la APLU por actuaciones de particulares entre A Lanzada y San Vicente do Mar pero la APLU miró para otro lado. El edificio de al lado de la capilla de San Antonio no tiene licencia y en 1988 se paró por orden judicial de demolición porque era ilegal; hace dos años se retomó la obra aunque nadie en el Concello emitió informe favorable, pero la APLU sigue sin hacer nada. Denunciamos tres chalés en As Baladas que no cumplen la segregación, se urbanizó sin proyecto y se ocupó suelo protegido incluso con exceso de volumen, pero la APLU me contesta pidiéndome más información. Un restaurante en Pedras Negras anuncia próxima apertura cuando es ilegal, tiene orden de demolición, invadió terreno público y tiene exceso de volumen, pero no se le toca. Yo no hablo de conspiraciones, sino de realidades, y la realidad es que Pérez y Miniño tienen una estrategia común y no actúan solos, porque dirigentes del PP en la provincia están muy al tanto de todas estas actuaciones.

Si Pérez es tan valiente con el urbanismo que empiece a vigilar las actuaciones de sus compañeros de gobierno porque en la zona de Reboredo se están dando licencias para casas rurales, hay un camping expedientado por la APLU desde hace más de diez años y sin licencia de actividad".