El gobierno local vilagarciano, a través de la concejala del área de Urbanismo, Ana Granja, explica que prefiere mantener una postura "siempre dialogante" con los propietarios de las fincas y edificios expedientados para "intentar encontrar una solución para cada caso".
La tesis del gobierno local es que ante la actual situación económica del Concello, "hacer frente a expropiaciones sería inviable. ¿Con qué dinero se pagan? Podríamos arreglar las fincas y pasarles la factura a los dueños, pero si no abonan la multa es la administración la que tiene que hacerle frente y son muchos casos".
Y es que algo muy parecido a lo que sucede con los edificios deteriorados acontece también con los solares abandonados. "Los vecinos se quejan con razón de los problemas que generan, pero el Concello no tiene dinero para poder adecentarlos todos", expresan fuentes próximas al gobierno local.
La postura del gabinete presidido por Tomás Fole es que "si algo sobra ahora mismo son bienes inmuebles municipales. No podemos expropiar y adquirir más. Resultaría gravoso y serían edificios sin finalidad".
Para Ana Granja, el ejemplo de la filosofía del gobierno popular vilagarciano es la reciente negociación con Invergar Marvil por el edificio abandonado de O Castro. El alcalde se reunió con los responsables de la empresa madrileña para reclamarles el adecentamiento del inmueble y su reforma, para evitar con ellos el alto riesgo de derrumbe y los problemas de seguridad y salubridad consiguientes.
En este caso, los dueños del edificio arrastran sanciones desde hace cinco años y las multas acumuladas ascienden, intereses incluidos, a 54.400 euros.
