Los trabajadores del Concello de Vilagarcía exigen al gobierno municipal que les abone los atrasos que acumulan desde 2009. Empleados de distintos departamentos dependientes del Ayuntamiento llevan desde finales de ese año sin cobrar las horas extra y los plus por nocturnidad o por días festivos trabajados. La situación afecta a operarios de obras, limpieza y jardines, mantenimiento e, incluso, a agentes de la Policía Municipal, cuyos cobros pendientes se sitúan entre los 3.000 y los 6.000 euros por trabajador.

Desde la CIG aseguran que la situación entre el personal laboral ha llegado a unos límites de "crispación total". Y es así porque, pese a que el gobierno local se comprometió a abonar los atrasos este mismo mes, con enero a punto de terminar a los trabajadores se les dice ahora que será en febrero cuando les paguen.

Eso es lo que explicaron ayer los representantes del sindicato nacionalista en el Concello, que consideran que después de varios años en los que los empleados han tenido "mucha paciencia" con el gobierno local, el "margen de confianza" ha llegado a su límite por los continuos incumplimientos.

Benito Romero ha asegurado que, si el Ayuntamiento no salda la deuda pendiente con sus trabajadores antes de la primera semana de febrero estos radicalizarán sus posturas. "En vista de la actitud del gobierno nos reservamos todas las posibles vías legales de actuación", ha afirmado el representante sindical, que no descarta recurrir a paros, cierres o acciones judiciales.

Romero afirma que la propia alcaldesa se comprometió de palabra a abonar los atrasos a los empleados en el primer mes de 2011. No obstante, el concejal de Personal, José Membrives, amplía ahora ese plazo por problemas de tesorería e intervención. El portavoz sindical asegura que los empleados municipales han perdido por completo la confianza, y temen que no sea tampoco en febrero cuando se les pague.

El hecho de que en el último año el gobierno no haya realizado gasto alguno en material para sus trabajadores contribuye a incrementar el descontento. Y es que, según explica Romero, los empleados de algunos servicios que trabajan de cara al público, "por dignidad profesional" han adquirido ellos mismos prendas de sus uniformes que estaban rotas o deterioradas.

Desde la CIG han criticado además la "actitud fiscalizadora caciquil" de la Concejalía de Personal, que ha instado a los delegados sindicales a justificar el tiempo que invierten en labores sindicales y a especificarlas. El hecho de que tampoco se esté cumpliendo con el acuerdo de rotación interdepartamental adoptado contribuye a incrementar el clima de de tensión.

La CIG exige que se acometa cuanto antes el acuerdo de equiparación salarial ratificado por el último pleno, que beneficiará a unos 70 empleados. También insta a que se eliminen de una vez las gratificaciones injustificadas a ciertos trabajadores.