Del mismo modo que el río Lérez ha recuperado un caudal más o menos habitual en esta época de año, dejando atrás la amenaza de sequía, la fábrica de Ence en Lourizán también regresa poco a poco a la normalidad. En su caso, lo que deja atrás son más de tres meses con la planta a medio gas y sin poder producir pasta de papel ya que el caudal del río impedía captar el agua necesaria para su fabricación.

Este viernes ha comenzado el arranque de esa producción, coincidiendo con la finalización del expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que afectó a la totalidad de la plantilla, aunque de forma rotatoria, desde finales de julio.

Para evitar un ERTE conjunto, se realizaron turnos de actividad en la fábrica y se adelantaron vacaciones, junto a otras medidas para atenuar los efectos de un expediente que quedó levantado el pasado miércoles, fecha en la que todos los trabajadores se incorporaron a la planta, con el fin no solo de reanudar la producción, sino también de participar en una prueba piloto que se fraguó durante estos meses de parada.

Se trata de utilizar el agua de la vecina depuradora de Praceres como “sustituta”, al menos parcial, de la que se capta en el Lérez. Estos ensayos se desarrollarán a lo largo de los próximos tres meses, según informa la propia compañía, que añade que este proyecto “constituye una innovadora solución, plenamente alineada con la bioeconomía circular”. De tener éxito en estos ensayos, este nuevo sistema permitirá a la planta de Lourizán “ser capaz de operar en situaciones coyunturales de sequía, de forma totalmente sostenible y garantizando siempre el caudal ecológico del Lérez, a la vez que se prioriza en todo momento el consumo de la población”.

Los cálculos de la empresa apuntan a que esta parada de producción se ha traducido en unos efectos económicos de al menos treinta millones de euros, más otras pérdidas y los costes de reparación de la tubería que suministra el agua desde Bora.

Con el regreso a la fábrica y la inminente reanudación normal de la producción, en cuestión de días, el comité de empresa ve despejado el futuro a corto plazo entre los trabajadores, pero todavía está sin resolverse el principal problema al que se enfrenten empleados y compañía: el proceso judicial sobre la validez de su concesión. El Tribunal Supremo aplazó la fecha prevista para la votación y sentencia del primero recurso de casación presentado contra las sentencias de la Audiencia Nacional que anulan la prórroga de la concesión de Pontevedra hasta 2073, con el fin de hacer coincidir la votación y la sentencia de los do recursos. Es previsible que en los próximos meses se publique la correspondiente sentencia.