El final de la mayoría de las restricciones establecidas por las autoridades gubernativas por el COVID-19 ha traído consigo un importante descenso en el número de infracciones que se tramitaron el pasado año con respecto a incumplimientos recogidos en el articulado de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. Una norma popularmente conocida como “Ley Mordaza”.
Así, las restricciones en los desplazamientos, el confinamiento y otras medidas como el toque de queda provocaron que a lo largo de 2020 se tramitasen en la provincia de Pontevedra un total de 9.739 sanciones, un récord respecto a años anteriores, si bien hay que aclarar que una gran mayoría de ellas fueron anuladas posteriormente por los tribunales. Así, la cuantía por la que se impusieron estas multas sumaba en la provincia de Pontevedra 6,9 millones de euros en total, frente a los 4,8 de 2021. Es decir, 2,1 millones de diferencia.
El número de infracciones pasó en un año de 9.739 a 5.963, un descenso del 38% que se atribuye precisamente al levantamiento de las restricciones decretadas por la pandemia. Es decir, se puede hablar de una cierta vuelta a la “normalidad” también en cuanto al tipo de infracciones administrativas que sancionan los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Comportamientos que merecen reproche por parte de la administración pero que no llegan a tener relevancia penal.
El año pasado se recaudaron 4,8 millones de euros en la provincia por multas de la ley Mordaza, menos que en 2020, pero también que en 2019
Así, la infracción administrativa más repetida por los pontevedreses el pasado ejercicio volvió a ser la misma que ya se detectaba en 2019: El consumo o tenencia de drogas –aún cuando estas no sean destinadas al tráfico– en vías, establecimientos o lugares públicos, es decir, incumplimiento del artículo 36.16 de la citada ley. Con un total de 3.624 expedientes tramitados en 2021, suponen el 60% de las multas impuestas por las Fuerzas de Seguridad.
La segunda infracción más común es la de las “faltas del respeto y consideración” hacia los agentes con 773 expedientes que castigaron con 221.051 euros los bolsillos de los pontevedreses infractores.
La posesión y tenencia de droga recupera el primer puesto como infracción más repetida
En tercer lugar se sitúa la vulneración del artículo que el año pasado se disparó debido a los incumplimientos por la pandemia. El 36.06 que se refiere a la desobediencia o resistencia a la autoridad, la negativa a identificarse o proporcionar datos falsos de filiación. En 2021 se tramitaron 712 infracciones por una cuantía de 456.000 euros aproximadamente.
Armas
La cuarta causa más común de sanción administrativa es la de portar o exhibir armas prohibidas, incluso con licencia, fuera de los lugares habilitados para su uso, artículo por el que se tramitaron 409 infracciones y se recaudaron 253.000 euros. La quinta infracción más común a la “Ley Mordaza” son los desórdenes en vías, espacios o establecimientos públicos, con 267 multas y 227.000 euros recaudados y la sexta tiene que ver con el vandalismo.
Así, la aplicación del artículo 37.13 por causar daños o deslucimiento de bienes públicos o privados en la vía pública se saldó con 48 expedientes sancionadores por valor de 14.100 euros. Cabe recordar que se trata, en todo caso, de comportamientos que no traspasan la frontera del ilícito penal, lo que ocurriría en este caso, por ejemplo, si el perjuicio causado fuese de gran entidad.
Durante el pasado año los pontevedreses no fueron expedientados por ninguno de los comportamientos que la “Ley Mordaza” establece como faltas muy graves recogidos en el artículo 35 del texto legal que incluye, por ejemplo, la proyección de haces de luz hacia aeronaves, episodios que sí se detectaron y multaron en años anteriores.
Se impuso una multa de 600 euros por la utilización de un uniforme de las Fuerzas de Seguridad que podía llevar a engaño
También hay sanciones por los llamados “taxis de la droga”, que consistía en penalizar a quien trasladasen en coche a otras personas a sabiendas que acuden a comprar drogas a lugares conocidos por la venta de estupefaciente.
Sí hubo alguna otra sanción curiosa, como una que se saldó con 600 euros para una persona por utilizar uniformes o placas falsas de miembros de las Fuerzas de Seguridad que pudieran inducir a engaño. Otras dos, por valor de 600 euros, se tramitaron por dejar sueltos animales peligrosos.
Miles de expedientes anulados tras su publicación en el BOE
Cabe recordar que respecto a las sanciones impuestas en 2020 en virtud del citado artículo 36.6 de desobediencia a los agentes, primero los tribunales de justicia ordinarios de lo Contencioso y posteriormente el Tribunal Constitucional emitieron resoluciones que acabaron por tumbar muchas de estas multas. Solo durante el estado de alarma se habían impuesto unas 7.000 por incumplimiento de la ley de seguridad ciudadana, de las que buena parte serían por las infracciones que se detectaron en el confinamiento y que se tramitaron de forma incorrecta amparándose en el citado artículo de esta ley. La situación llevó a que a lo largo del pasado año la Subdelegación del Gobierno fuera publicando paulatinamente en el Boletín Oficial del Estado la anulación de miles de expedientes sancionadores tras el pronunciamiento de los tribunales. La estadística indica que en 2020 se tramitaron 9.739 sanciones por la Ley 4/2015 por valor de 6,2 millones pero lo cierto es que probablemente la cantidad efectiva que se haya recaudado tras estas anulaciones haya sido mucho menor.
Las multas por no utilizar la mascarilla, bien tramitadas
La anulación judicial de algunas de las infracciones impuestas por el incumplimiento de las medidas relacionadas con la pandemia no afectó a todas ellas. De hecho, los tribunales sí validaron las sanciones por no llevar mascarilla, por ejemplo, medida que todavía está en vigor en algunos establecimientos y en el transporte público. Si se compara el 2021 con el último año antes de la pandemia, la recaudación y las multas impuestas por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana incluso es menor que entonces. Según Interior, en 2019 se tramitaron 6.490 sanciones por valor de 5 millones de euros, frente a las 5.963 y los 4,2 millones del pasado ejercicio.
