La Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) posee en la comarca de Pontevedra un total de 85 suelos edificables, sobre todo en la capital (21 solares), Barro (32) y Sanxenxo (30), y algunos de ellos podrían ser cedidos a la Xunta para ejecutar pisos de promoción pública, de gran demanda en la ciudad y sus alrededores.
Esta posibilidad ha sido planteada por el director del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, a los representantes de la Sareb, con los que mantuvo una reunión telemática. Después de especificar que previamente sería necesario que el IGVS conociera la localización y condiciones de las parcelas propiedad de la Sareb en Galicia, el director aprovechó también la reunión para reiterar la necesidad de que la Sareb incremente el número de viviendas cedidas a la Xunta para destinarlas a alquiler social.
Ambas entidades mantienen desde el año 2015 un convenio para la cesión a la Xunta de inmuebles (Galicia fue la tercera comunidad que lo firmó) y en el marco del mismo celebran reuniones periódicas para evaluar su ejecución y estudiar nuevas vías de colaboración.
Además, Heriberto García también incidió en la importancia de que la sociedad mantenga y prorrogue los contratos de las viviendas que actualmente tiene alquiladas en Galicia, de manera especial en aquellos casos en que los inquilinos sean personas y familias en riesgo de caer en situaciones de vulnerabilidad.
Según los datos que se exponen en la web oficial de la Sareb, cuenta con bienes a su nombre en 11 municipios de la comarca, hasta sumar un total de 253 propiedades. Un tercio de ellos son parcelas susceptibles de acoger viviendas de promoción pública.
La relación la encabeza Sanxenxo, con 31 viviendas, 21 plazas de garaje o trasteros (denominados “anejos”, 30 solares y nueve obras en curso. En el caso de Pontevedra, son siete pisos, cinco anejos, 21 terrenos y 28 bienes de uso terciario. En Barro son 32 los terrenos edificables, más ocho propiedades más. Marín suma seis pisos, seis anejos y 11 oficinas o comercios, mientras que en Poio hay 15 de este último uso, cinco residenciales y una parcela. La lista se completa con Moraña (seis), A Lama (uno), Caldas (uno), Ponte Caldelas (uno), Portas (uno) y Vilaboa (uno).
El IGVS solo cuenta a día de hoy con terrenos para viviendas de promoción pública en Valdecorvos, donde proyecto un edificio de 76 hogares, pero que no estará listo antes de 2025. De lograr más parcelas, podría hacer frente a la alta demanda en la ciudad, la tercera de Galicia con mayor número de solicitudes de una vivienda de promoción pública (VPP). Son casi mil las familias inscritas ayer en el Rexistro oficial de la Xunta, una cifra solo superada por las 4.400 de Vigo y las 1.500 de A Coruña. En toda Galicia son unas 11.500 las familias que aguardan por un piso de este tipo.
La demanda en la ciudad de Pontevedra casi duplica la existente en toda la provincia de Ourense, que suma en total poco más de 500 solicitudes. En la ciudad de Lugo son 860 los peticionarios, mientras que en Santiago son menos de 500 y apenas 345 en Ferrol.
Finales de 2025 o principios de 2026. Es el horizonte temporal que se fija el IGVS para tener disponible su nueva promoción de pisos públicos en Valdecorvos. Así se deduce de los plazos establecidos en el contrato para encargar el proyecto de este edificio en una parcela de 4.620 metros cuadrados. Entre la redacción del proyecto (5 meses) la ejecución de las obras (30 meses) y el plazo de garantía se establece un plazo de 47 meses, que podría elevarse a 71 si aparecen sorpresas. El presupuesto total ronda los 10,5 millones de euros.
En la comarca de Pontevedra, la demanda oficial de viviendas, tanto públicas como de otro tipo se concentra en la capital. Con unas 1.300 solicitudes en los catorce municipios del entorno de la ciudad, la capital concentra casi todas. Los siguientes municipios con más demanda son los de Marín y Poio, en torno a ochenta cada uno, pero son especialmente significativos los casos de Caldas y Cerdedo-Cotobade, con mucha menos población y que tienen más de 40 peticiones en cada caso.
En mayo pasado, la Sareb ofrecía 37 pisos y casas en propiedad en la comarca de Pontevedra. La mayoría de ellos se encontraban en los municipios de Sanxenxo, con nueve viviendas; Marín, con ocho, y Pontevedra, con cinco. A estos bienes inmuebles habría que sumar otros como oficinas, garajes, trasteros o suelos.
Desde la Sareb recordaban entonces que se trata de activos de diversa tipología que pueden encontrarse en diferentes situaciones: en comercialización, en proceso de adecuación, cedidos a administraciones públicas para alquileres sociales, con habitantes... En la relación al público no se incluye a aquellos activos que figuran como garantías de préstamos o que se encuentran en proceso de toma de posesión.
Una parcela en Tafisa que no encontró comprador
Han sido varias las subastas realizadas para adjudicar una parcela urbanizable en manos de la Sareb en la Unidad de Actuación 7 del PXOM de Pontevedra, es decir, los terrenos que ocupaba la antigua fábrica de Tafisa a orillas del Lérez. A pesar del resurgir inmobiliario que se está dando en la ciudad y, concretamente, en esa misma zona con la construcción de varios inmuebles residenciales, el solar no pudo venderse. Concretamente, esta última parcela cuya subasta fue declarado desierta por el juzgado de primera instancia número 4 de Pontevedra en abril pasado es la identificada con el número 8 en la manzana 46-G de esta unidad de actuación urbanística, tenía una dimensión de 847 metros cuadrados y permitía levantar un edificio de planta baja, cinco pisos y bajo cubierta (una superficie de uso residencial intensivo de 4.066 metros cuadrados). Estaba valorada en 2,6 millones de euros. Solo el depósito para participar en la puja era de 130.000 euros. Ningún inversor apostó por la parcela, que queda en manos de la Sareb, la entidad que había instado a la ejecución hipotecaria. No es la primera vez que una subasta por una ejecución hipotecaria afecta a las parcelas de Tafisa. En 2019 el juzgado ya intentó colocar al mejor postor otras tres parcelas, en este caso valoradas en 16,6 millones de euros, quedando las mismas a disposición de la entidad bancaria que ejecutaba la hipoteca sobre las mismas. En aquella ocasión, la subasta terminó igualmente sin pujas.
