El concejal de Urbanismo e Promoción Económica de Poio, Gregorio Agís, ha advertido de que actualmente está prohibido el acceso a la Illa de Tambo sin la correspondiente autorización. Lo hace ante la afluencia de barcos que se acercan a este enclave, fondean ante su playa y desembarcan en una isla “que no está aún en condiciones de recibir visitantes” de forma incontrolada, según añade el edil.
El Concello de Poio obtuvo en marzo pasado la concesión demanial de la isla por parte del Ministerio de Defensa por un período inicial de 25 años, que podría ser prorrogable a 75. La concesión supone el pago de un canon anual de 25.000 euros. Desde entonces, Tambo no cuenta con la vigilancia habitual de la Escuela Naval, lo que ha provocado un notable aumento de visitantes, que acuden con sus barcos a conocer una isla que durante décadas permaneció vetada para la inmensa mayoría de los ciudadanos, al estar adscrita a Defensa.
Sin embargo, “se trata de un territorio virgen, donde puede haber peligros ocultos, hay acantilados, es necesario evitar el riesgo de incendios, cuenta con elementos patrimoniales que hay que proteger y no es posible acceder libremente”, insiste el gobierno local de Poio, que incluso acaba de establecer un sistema de vigilancia en la propia isla. Desde la semana pasada, cuando la llegada del mes de julio provocó un aumento de visitas no autorizadas, una persona permanece destinada en Tambo para advertir a los curiosos de que la entrada no está permitida. Al tratarse de un único vigilante, de producirse llegadas masivas, su labor consiste en solicitar la presencia de la Guardia Civil si no logra controlar la situación por sus propios medios. “Sería costosísimo tener allí un equipo de cuatro o cinco personas”, admite Agís, que recuerda que esta prohibición de acceso a Tambo no es exclusiva de esta isla. “Tampoco se puede acudir a Cortegada o San Simón, por ejemplo, y hay infinidad de territorios públicos con acceso restringido, por una u otra razón”.
El concejal avanza que está previsto instalar un sistema de balizamiento en las inmediaciones de los arenales de la isla para impedir que se acerquen los barcos, si bien subraya que la normativa vigente ya establece que los fondeos de las embarcaciones deben respetar una distancia de 200 metros con respecto a la costa cuando ésta no está balizada. El Concello indica que “las personas que no respetan la distancia en lo que a fondeos o acudan a los arenales se exponen a fuertes multas económicas”.
La Irmandade Illa de Tambo también mostró ayer su preocupación por el “acceso libre” a Tambo por los perjuicios que pueden causar los “visitantes sin control” en la flora y recursos naturales de la isla.
Agís recuerda que este año solo será posible acceder a Tambo a través de visitas guiadas. Actualmente el Concello trabaja en una aplicación que permita realizar las reservas y en los procedimientos para la organización de estas excursiones, que, según ha indicado el concejal, “comenzarán próximamente”. Confía en que pueda ser en el plazo aproximado de un mes.
El titular de Urbanismo apela también a la concienciación ciudadana a la hora de respetar un lugar que “sobre todo hay que cuidar, al mismo tiempo que se consolida como atractivo turístico”. Por eso, Gregorio Agís señala que estas medidas aplicabas para impedir una “invasión no controlada” del enclave de la ría de Pontevedra, pretenden garantizar la seguridad, al mismo tiempo que buscan consolidar la protección ambiental de este espacio y la preservación de su patrimonio. “En Tambo existen espacios naturales, dunas y especies vegetales protegidas y debemos velar por su mantenimiento”, dice el edil.
“En el Concello somos perfectamente conscientes del interés que despierta la Illa de Tambo. Por ello, trabajamos para asegurar un sistema de visitas que permita a los ciudadanos conocerla en profundidad, sin que ello repercuta en su conservación”, concluye Gregorio Agís.
El objetivo del gobierno local de Poio es que en un plazo de cinco a seis años la titularidad llegue a ser definitiva. En este período, el Concello realizará un plan de usos, con una recuperación patrimonial y natural, teniendo en cuenta que el islote contiene un lazareto de 1886, un polvorín del ejército, un faro, o la capilla de San Miguel (siglo XVI), entre otros elementos a conservar.
