La ausencia una testigo que, según la Fiscalía y la acusación particular, es "fundamental" para la causa ha obligado a la Audiencia de Pontevedra a suspender el juicio contra los dos responsables de un club de Meis. Ambos están acusados de trata de seres humanos, por obligar a varias mujeres a las que captaban en Venezuela a prostituirse en su establecimiento.
La vista oral, prevista para este martes, ya no llegó a celebrarse y los dos acusados, el hombre de nacionalidad brasileña que administraba la sociedad que explotaba el club Pigalle en 2018 y la mujer de origen rumana que lo dirigía junto a él, no declararon ante el tribunal.
La Fiscalía pidió la suspensión tras advertir que no ha sido posible localizar a esta mujer, a pesar de que se solicitó la colaboración de la Interpol para averiguar su paradero.
Ante esta situación, la Audiencia ha acordado aplazar el juicio pero por ahora no ha fijado una nueva fecha para su celebración, a expensas de que pueda aparecer esta testigo.
Sea como sea, el fiscal mantiene su petición de 23 años de cárcel para el administrador del club y de 22 años para su colaboradora por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de inmigración clandestina con ánimo de lucro y prostitución coactiva.
A él, además, se le achaca un delito de agresión sexual a una de las mujeres.
En el escrito de acusación, el fiscal asegura que los dos acusados, de acuerdo con varias personas que residían en Venezuela, captaban mujeres de ese país y, aprovechándose de sus problemas económicos, las hacían viajar a España para ejercer la prostitución en el club.
Para conseguir que esas mujeres entraran en España sin ser rechazadas en la frontera, los acusados les facilitaban billetes de avión, reservas de hotel y dinero en efectivo, para hacerlas pasar por turistas y ocultar la verdadera finalidad de su traslado.
Así, entre marzo y abril de 2018, contactaron con tres mujeres, todas ellas con cargas familiares y problemas económicos, a las que -salvo a una- le ocultaron que iban a ser explotadas como prostitutas, haciéndoles creer que serían contratadas como camareras.
Pero una vez en el club, las tres fueron sometidas a un verdadero régimen de esclavitud, obligándolas además a asumir el coste de sus viajes a España y quedándose con todo el dinero que ganaban hasta saldar esa deuda.
Además, según reitera el fiscal, les obligaban a trabajar jornadas de hasta doce horas, sin apenas día de descanso, y les cobraban a mayores dinero en concepto de manutención y alojamiento o les ponían "multas" si no trabajaban por enfermedad o salían del local.
Las tres mujeres, una de ellas con 18 años recién cumplidos, padecieron también reiteradas amenazas para que no se marcharan del club y, al menos una de las tres, sufrió un intento de violación por parte del administrador del establecimiento.
Agentes de la Guardia Civil liberaron a las tres víctimas en julio de 2018 tras una inspección realizada en el club y para ellas el fiscal reclama una indemnización de más de 33.000 euros.
Junto con la pena de cárcel y estas indemnizaciones, la Fiscalía solicita al tribunal que se les impongan órdenes de alejamiento a los dos acusados y que, tras su salida de prisión, pasen otros quince años en libertad vigilada.
Trapicheo de drogas
Por otra parte, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dejado visto para sentencia el juicio contra dos vecinos de Bueu por un delito contra la salud pública en el marco del que un acusado ha admitido que trapicheaba con droga y ha exculpado a uno de sus clientes.
En el banquillo de los acusados se han sentado dos hombres. Uno de ellos ha reconocido que vendía droga para sostener su propia drogadicción y ha precisado que su compañero no trapicheaba, sino que era un cliente.
Los hechos tuvieron lugar en octubre del año 2017 en la localidad de Bueu, donde la Guardia Civil mantenía una vigilancia sobre el primero de los acusados comprobando que se dedicaba al menudeo de droga. En uno de esos intercambios intervinieron los agentes cuando se encontraba con el otro acusado, al que la Benemérita reconoció que no había visto antes durante aquellos seguimientos.
Este último explicó que trabaja como marinero y que permanece embarcado gran parte del año, pero al llegar a tierra consumió pequeñas cantidades de cocaína y heroína que compró al otro encausado. El valor de la droga que le encontraron los agentes no superaba los cien euros. Su abogada ha pedido la libre absolución.
El primer acusado ha asumido la autoría de los hechos y la letrada que ejerce su defensa ha pedido que se contemple la atenuante de drogadicción, ya que este hombre, de 54 años de edad, está enganchado a las drogas desde que tenía 17 años.
Además colaboró voluntariamente en el registro de su domicilio, donde se le intervinieron otras pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes. La defensa de este acusado quiere que la condena se limite a un año de prisión.
La Fiscalía ha mantenido en el juicio los cargos contra estos dos acusados de un delito contra la salud pública.
