José Rodríguez Janeiro es propietario de uno de los ocho chalés de la urbanización Mar Tambo en Chancelas (Poio) sobre los que pesa desde hace años una amenaza de derribo de Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta por invasión parcial de la línea de Costas. Pero José Rodríguez lleva ya varios días residiendo en otra vivienda. ¿La razón? Ha comenzado él mismo la demolición voluntaria de la fachada de su casa porque se declara “harto de pagar multas” coercitivas a la Xunta, que ya le han supuesto, según sus cálculos, unos 50.000 euros, más los miles de euros más pagados en pleitos y abogados para defender su casa.
Los trabajos, que por el momento no emulan otros vecinos, comenzaron hace unos diez días y consisten en retranquear unos dos metros la fachada de su chalé, justo los que invaden el deslinde costero. De este modo, la casa pasará de unos 180 metros cuadrados a aproximadamente 130. “Aprovecharemos lo que quede para que pueda ser habitable y lograr que se legalice la vivienda, sin invadir la línea de litoral”, explicaba ayer el propio José Rodríguez, a pie de obra. Añade que “por menos de 5.000 euros podría completar los trabajos” y evitar más multas de la APLU o una ejecución subsidiaria, que tendría que pagar.
Este propietario tendrá que pasar las navidades fuera de su vivienda habitual
Este propietario tendrá que pasar las navidades fuera de su vivienda habitual, ya que las vacaciones en el sector de la construcción comienzan hoy y hasta después de Reyes no se reanudará este derribo voluntario. Por ello, la casa es ahora inhabitable, pero espera que en menos de dos meses pueda regresar a ella “ya totalmente legal”. No obstante, los técnicos de la APLU aún tendrán que revisar el resultado para certificar esa legalidad.
Según explican algunos vecinos de la urbanización, este propietario “nos informó de su situación, nos pidió perdón por tomar esta decisión y nos confesó que no podía aguantar más. Se rompe la unidad de acción, pero es totalmente comprensible”. Por el momento no consta que ningún otro afectado haya optado por esta misma vía, mientras todos se confiesan “abandonados” por la administración y “discriminados”.
La Axencia da Protección da Legalidade Urbanística (APLU) dio luz verde al derribo parcial de estos ocho chalets en 2019, en cumplimiento de una sentencia que declaró la construcción ilegal por una invasión parcial del deslinde con Costas y que fue reiterada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Por el momento, la APLU no ha convocado oficialmente ninguna licitación para ejecutar subsidiariamente la demolición, pero los propietarios sí deben asumir una sucesión de multas coercitivas periódicamente por incumplir la sentencia de demolición.
Desde el inicio del conflicto, los propietarios de los chalés de Mar Tambo dicen sentirse “en una situación de indefensión” y ven responsable de la situación a la empresa constructora, que ya está liquidada por quiebra, y las administraciones.
También mantienen que no existe orden ministerial del deslinde, y por lo tanto, no es definitivo. En este sentido, consideran que deberían oficializarse los deslindes de Poio, Pontevedra y Sanxenxo ya que podría afectar a la línea de costa.