El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, firmó ayer un convenio con la Fundación Juana de Vega para la realización de un estudio en el que se analicen las fusiones municipales llevadas a cabo en Galicia, además de impulsar nuevos procesos. El acuerdo se materializó en el centro sociocultural de Cerdedo-Cotobade, una infraestructura que se benefició de las aportaciones que el gobierno gallego destina a los procesos de fusiones municipales. Alfonso Rueda, que asistió acompañado por la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, recordó que el mapa político-administrativo local de Galicia data del siglo XXI y que necesita actualizarse “para ofrecer uns servizos públicos máis eficientes”.
Galicia fue pionera en el impulso de las fusiones municipales al entender que, con la dispersión de la población, los concellos pequeños cada vez tienen más dificultades para gestionar y financiar los servicios que sus vecinos necesitan, de ahí que la administración autonómica premie en sus convocatorias de ayudas públicas aquellas que lleguen de mancomunidades o entidades asociadas.
En Galicia se fusionaron en los últimos años cuatro concellos: Oza y Cesuras en 2013 y Cerdedo y Cotobade en 2017. Pasados cuatro años del proceso más reciente, la Xunta considera llegado el momento de analizar los resultados y las ventajas para los ciudadanos de los concellos fusionados, que además de beneficiarse de las partidas destinadas al fondo especial de fusiones –que ascendieron a más de 10,5 millones de euros en el período 2016-2021–, recibieron la práctica totalidad de las ayudas convocadas para las entidades locales que comparten servicios públicos.
El trabajo de la Fundación Juana de Vega, que cuenta con un equipo especializado en la caracterización socieconómica y demográfica de los concellos de Galicia, pretende también seguir promoviendo la unión de concellos, un proceso que ya está siendo imitado en otras comunidades autónomas. La Xunta, por otra parte, seguirá favoreciendo los procesos de fusiones con ayudas a los municipios que, de manera voluntaria, opten por esa figura administrativa. De hecho, en el proyecto de los Presupuestos para 2022 figura para tal fin una partida de 1,5 millones de euros.
