La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, anunció ayer que “dará la batalla” contra el anteproyecto de la ley del ciclo integral del agua que promueve la Xunta al entender que provocará un “aumento brutal” del coste de este servicio para familias y empresas. La Consellería de Infraestruturas que encabeza Ethel Vázquez, replicó de inmediato. Niega rotundamente que vaya a incrementarse el recibo: “son falsedades”.
Silva sostiene que esta ley supondrá una subida de un 180 % en el recibo doméstico del agua y de un 130 % en el de las empresas, significa un “ataque sin paliativos” a la autonomía del mundo local y una “subida ingente” de la presión fiscal de la ciudadanía, por lo que la Diputación ha presentado alegaciones a este anteproyecto de ley.
El gobierno gallego defiende que la mejora de la gestión del ciclo integral del agua “no supone la creación de ningún nuevo tributo ni tasa a los ciudadanos”
La Xunta ya ha pedido a Silva que rectifique. En un comunicado, el gobierno gallego defiende que la mejora de la gestión del ciclo integral del agua “no supone la creación de ningún nuevo tributo ni tasa a los ciudadanos” ni la subida de los ya existentes.
“El desconocimiento por parte de la presidenta de la Diputación de Pontevedra de la norma en tramitación no justifica las falsedades manifestadas”, añaden desde el ejecutivo autonómico.
La Xunta afirma que “lo único” que hace el nuevo texto normativo es “reordenar” los tributos actuales, con una denominación “más acorde” al recurso que se está gravando, “pero sin crear nuevas tasas que repercutan en los usuarios”.
En relación con los ayuntamientos, según el gobierno gallego, la ley solo concreta un gravamen para aquellos municipios que tengan pérdidas de aguas por una mala gestión de sus redes.
