Seguirán luchando hasta el final para no perder sus casas. Son las familias de las ocho viviendas sobre las que pesa una orden de derribo parcial decretada por la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que desde marzo pasado dispone de un proyecto para esa demolición. Son los propietarios de los ocho chalés de la urbanización Mar Tambo en Chancelas (Poio), que protagonizan una campaña para tratar de frenar a la “piqueta”.
Tras pedir el respaldo expreso del Concello y que gestione alguna moratoria, los afectados anuncian una movilización para este sábado. La concentración saldrá a las 18.00 horas de la playa de Ouriceira.
Los afectados, además denuncian las sanciones que tienen que asumir, y es que a la orden de derribo parcial y futuro desahucio se les sumarían multas coercitivas de hasta 70.000 euros. Los vecinos recuerdan que se trata de “un promedio de dos metros de fachada en las viviendas de abajo (ocho de los 16 chalés), dejándolas así y quedando en principio inhabilitadas como viviendas”, expone Francisco Cruz, uno de los afectados.
“Por desgracia la Xunta, a través de APLU, sigue hacia adelante con un proyecto de derribo después de someter ya a las viviendas a multas desorbitadas. Detrás, viene el desahucio, en tiempos de pandemia y de recesión de la economía”, lamentan los propietarios. “Entendemos que puede haber una invasión del dominio público-terrestre, pero hablamos de dos metros”. Además, las ocho familias que viven en la urbanización aseguran estar “tres veces sancionadas”. A la orden de derribo parcial y futuro desahucio se les suman multas coercitivas de hasta 70.000 euros.
Además insisten en que no se sigue el procedimiento adecuado. “Pedimos una orden ministerial por la cual se aprueba el derrumbe y no existe, lo que hay es una resolución administrativa y la Ley de Costas pide una orden ministerial para los derrumbes”. Los propietarios han solicitado una reunión a la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.
