Devolver el valor ambiental y patrimonial a inmuebles y construcciones tanto públicas como privadas que se levantan en la zona de dominio público marítimo terrestre, es el objetivo que persigue la Xunta de Galicia al promover un cambio en la actual Ley de Costas estatal que permita revitalizar, recuperar y evitar el abandono que sufren muchas de estas edificaciones. La propuesta es doble: reconocer la analogía entre uso residencial y hostelero, y extender el régimen de los Bienes de Interés Cultural, (BIC), a fin de recuperar construcciones.
El objetivo, según Medio Ambiente, es devolver su valor patrimonial a conserveras, salazones, faros, fábricas abandonadas al borde del mar, molinos, pazos o conjuntos de construcciones singulares y facilitar y agilizar obras de reforma y rehabilitación, ralentizadas por los trámites exigidos por Costas en la actualidad, para que puedan destinarse a usos hosteleros o turísticos, tanto privados como públicos.
El catálogo de bienes en servidumbre de protección elaborado por la Xunta de Galicia identifica 361 inmuebles de valor patrimonial, ambiental y arquitectónico en los 1.500 kilómetros del litoral gallego, de los que 14 se localizan en el litoral pontevedrés. En concreto, dos están en el municipio de Pontevedra, seis en el de Marín, cinco en Poio y uno en Sanxenxo.
Los dos inmuebles localizados en la capital se ubican en Pontesampaio. Se trata de la Illa de Medal, en la desembocadura del río Verdugo, y del puente do Chan y el Muíño do Ulló. En ambos casos se trata de localizaciones “en buen estado de conservación” y de hecho la Illa de Medal (también nominado de Insuíña), fue recuperada hace unos años por Costas y puede ser visitada libremente. Dispone de un sendero perimetral y un templete a modo de mirador sobre el Verdugo y el fondo de la ría de Vigo. Tras ser adquirida en su día por el Estado, su rehabilitación se ejecutó en 2011 con un presupuesto declarado de 108.000 euros. Ya en 2015 se certificó una partida de 19.360 euros para la “redacción del proyecto de adaptación y acondicionamiento de la margen derecha del río Verdugo entre Pontesampaio e Insuíña”.
Marín es el municipio que acumula más inmuebles en dominio público marítimo-terrestre que la Xunta quiere recuperar y potenciar. Entre ellos destaca dos: la sede del Club Náutico de Aguete y la cercana casa de Juan Gago de Mendoza, que también denomina como “pazo de Aguete”. El catálogo de la Consellería de Medio Ambiente incluye un molino en la playa de Loira, otro más del río Loira. Estos cuatro inmuebles se localizan en la parroquia de Seixo, mientras que los otros dos están en la de Ardán. Se trata de una casa en Punta Loira y el llamado “Muíño de Casás”.
Tras Marín, es Poio el municipio con más inmuebles catalogados por la Xunta para su posible recuperación. Son cinco, y en bastantes casos se trata de edificios de gran porte y situados al pie de la ría, en las parroquias de San Xoán, San Salvador y Samieira. El primer caso es el de una casa en Campelo, una vivienda unifamiliar fechada en 1930. En San Salvador se incluye una antigua conservera, con embarcadero en Lourido, mientras que los tres inmuebles de Samieira se concentran en O Covelo: una casa de 1904 situada en el núcleo urbano y al pie de la playa; la casa y conservera Lafuente, también de hace más de 120 años y ahora sin uso, y la denominada “Casa Regionalista”, de mediados del siglo XX.
Por último, Sanxenxo aparece en el catálogo con una única edificación, localizada en Portonovo. Se trata de una “antigua fábrica conservera” situada en la punta del Seame y abandonada desde hace años, pese a que está fechada en 1982. Se localiza en una zona de difícil acceso, si bien el Concello de Sanxenxo habilitó en su día un pequeño paseo desde la playa de Caneliñas hasta las inmediaciones de la edificación.
La propuesta del Gobierno gallego para modificar la Ley de Costas fue presentada en febrero pasado por la conselleira de Medio Ambiente. Se plantea una doble modificación de la normativa estatal: reconocer la analogía entre el uso residencial y hostelero y extender el régimen de los Bienes de Interés Cultural, (BIC), a aquellos inmuebles que disfruten de algún tipo de protección patrimonial, con el fin de recuperar construcciones actualmente inoperativas. La doble modificación tiene por finalidad recuperar y dar nueva vida a los inmuebles, así como adaptar y coordinar la legislación al contenido de la Ley del suelo de Galicia en lo que se refiere a las edificaciones tradicionales existentes en servidumbre de protección.
Ángeles Vázquez explicó en la presentación de esta iniciativa que una de las modificaciones, para aclarar que el uso residencial y el hostelero son análogos e intercambiables, ya está avalada por sentencias del Supremo. La segunda persigue extender el régimen contemplado para los BIC a todos aquellos bienes que disfruten de algún tipo de protección patrimonial.
Mientras en la ría de Pontevedra se localizan doce inmuebles, más los dos de Pontesampaio, a orillas de la de Vigo, en esta última ría y su ámbito de influencia, se ubican otros 22. Así, en el municipio de Vigo se incluye el edificio del Club de Remo de A Punta en Teis que es de propiedad privada, y también el faro de A Punta, de titularidad pública y que se levanta sobre una construcción de 1884 pero reformado en 1950. El edificio de la carpintería de ribera de camiño Laranxo, dentro del sistema del puerto de Vigo, y la finca Zulueta de Alcabre, propiedad de Zona Franca y transferida a la Xunta para construir el centro de arqueología subacuático de Galicia sin que a día de hoy se haya iniciado su construcción, completan los inmuebles a proteger en la costa del municipio.
En la costa del Morrazo, frente a Vigo, el catálogo de bienes a proteger incluye dos inmuebles en Moaña. La fábrica de Verdeal de Domaio, de titularidad privada, y el conjunto de viviendas y pequeños astilleros de A Seara. Se trata de construcciones independientes pero de idénticos volúmenes con un estado de conservación irregular.
Redondela es uno de los municipios con más inmuebles a proteger, incluido el edificio que acoge la casa consistorial. Las ruinas de la conservera Virci con su rampa de acceso al mar en Arealonga; el conjunto de edificaciones de la industria metalúrgica de A Portela y las viviendas que siguen en uso; la fábrica de Pontesa cerrada en 2002, la salazón Salgadeira en Punta Portela con rampa de acceso al mar y muelle de amarre o la fábrica de salazón José y Bao, parcialmente en ruina, se verían beneficiados con la modificación de la Ley de Costas.
Una de las principales construcciones a proteger por su valor patrimonial y arquitectónico es el Real Monasterio de Oia que perteneció al Císter y está situado en el dominio público marítimo terrestre y por tanto competencia del Estado aunque de propiedad privada.
Sigue abandonado a la espera del impulso del proyecto que debería convertirlo en punto de referencia hostelero y turístico. En el mismo municipio resalta también la casa donde se ubicaba el antiguo Concello de Oia, actual equipamiento cultural y en A Picota el conjunto de viviendas de la calle Vicente López, simétricas y de uso residencial privado.
Ya en Baiona, merecen atención los molinos de Rocamar, con uso de equipamiento cultural y de titularidad privada, y la Casa de Cadaval, en A Ramallosa, un pazo privado y con uso de hostelería que consta de tres pequeñas edificaciones de mampostería de granito que se encuentra en buen estado.
En A Guarda se consideran elementos a proteger el molino de viento de O Puntal de propiedad privada y con uso hostelero, así como el de Peneiras, que está en ruina. También se incluye la casa tradicional de la rúa dos Malteses, una vivienda singular de titularidad privada. Ya en el municipio de O Rosal se suma la antigua fábrica de tejas Candeiras en San Miguel de Tabagón.
Por su parte, el Concello de Vilaboa también quiere recurrir a esta vía para restaurar las espectaculares edificaciones vinculadas a las Salinas.
