El Gobierno del Estado se mantiene inflexible en su postura sobre Ence. Así lo ratificó ayer el secretario de Estado del Ministerio de Transición Ecológica, Hugo Morán, a los responsables del PSOE local, Tino Fernández y Maica Larriba; así como al diputado Guillermo Meijón y del parlamentario autonómico Pablo Arangüena. El alto cargo del Ministerio no solo confirmó que “no hay intención” de modificar el polémico artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático sino que Morán insistió en que esta normativa “no afecta en absoluto a Ence”.
No obstante, aún así, el secretario de Estado fija el mismo horizonte de permanencia en la ría que tanto teme la pastera: el año 2033. Pero el final de Ence en la ría no vendría definido por esta nueva normativa que se tramita actualmente en el Congreso, sino por la legislación ya en vigor, concretamente la Ley de Patrimonio.
Morán confirmó que no hay intención de modificar el polémico artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático
Hugo Morán trasladó a los socialistas pontevedreses que esta “Ley de Patrimonio otorga a Ence un plazo máximo de 75 años, es decir, hasta 2033, ya que las concesiones computan desde el minuto uno”. El secretario de Estado afirma que no hay “ninguna razón objetiva para pensar que la Ley de Cambio Climático impoga unas restricciones mayores que la legislación autonómica, que por cierto establece un máximo de 50 años”, así que considera que “para tranquilidad de los trabajadores, la empresa tiene de horizonte hasta 2033: doce años de trabajo para establecer un calendario de acción que permita mantener los puestos de trabajo”, señaló el alto cargo.
Morán afirma que así se lo trasladó al presidente de la compañía, Ignacio de Colmenares, en “las siete ocasiones” que el propio CEO reconoció que lo visitó. Indicó que los puestos de trabajo son “una prioridad y la mayor preocupación del Gobierno” y subraya que “existe una concesión que está viva, vigente y que le otorga a Ence un margen de 12 años para adoptar decisiones”.
Así las cosas, para el Gobierno parece estar claro. Con o sin artículo 18 de la Ley de Cambio Climático, Ence deberá abandonar Lourizán en 2033. Se trata de un horizonte temporal que a la empresa no le vale, pues ya dijo por activa y por pasiva que llevaría a un cierre “adelantado” y “ordenado” de su fábrica de Lourizán, al ser insuficiente para poder “amortizar” las inversiones que son necesarias y garantizar la competitividad de su factoría.
Ence ya advirtió que el horizonte temporal de 2033 no le permitiría amortizar las inversiones necesarias en la fábrica y la obligaría a un cierre "ordenado" y "rápido"
Ence, además, cree que tiene derecho a permanecer en Lourizán hasta mucho más tarde, en el año 2073, que sería cuando ellos entienden que finalizaría la prórroga otorgada en 2016 por el gobierno en funciones de Mariano Rajoy.
Este extremo, hasta cuando está vigente la prórroga de la concesión, es una de las cuestiones que debería zanjar la Audiencia Nacional en el litigio que está pendiente de resolución, pero Ence considera que el artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático es un mecanismo de seguridad que quiere introducir el gobierno para hacer valer esa fecha límite de 2033 como duración máxima de la concesión a Ence y de su prórroga.
En la reunión tampoco pasaron desapercibidas las palabras de Colmenares en un vídeo sobre las posibilidades de un “susto mayúsculo ambiental” por una posible paralización de inversiones en la fábrica: Para Hugo Morán, estas declaraciones “no pueden pasar desapercibidas” dado que “si es así, la factoría no debería seguir funcionando ahí. Lamentó también que la Xunta, a quien le corresponden las competencias en vigilancia medioambiental, “se haya colocado de perfil” en este asunto.
El portavoz socialista, Tino Fernández, también lamentó la táctica de “guerrilla urbana” que está empleando Comisiones Obreras tras intensificar el martes sus protestas a favor de la continuidad de la fábrica. Fernández acusa al sindicato de ser el brazo ejecutor de los altos cargos de la empresa para intentar “intimidar a las instituciones públicas y a los representantes políticos elegidos democráticamente”.
Algo parecido señaló ayer el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, quien considera que Ence está desplegando una táctica de “amedrentar y amenazar” que considera recurrente. El objetivo: prolongar el tiempo de vida de una fábrica que se compró “con fecha de caducidad en 2018” en una ubicación que “es un agravio comparativo para el resto de empresas que tienen que buscarse la vida”.
Los comités de la pastera llaman a la unidad de acción
La Comisión de Comités de los distintos centros de trabajo de Ence por toda España (el comité de fábrica de Pontevedra, el de oficinas y fábrica de Navia y los comités de Huelva) emitieron una nota informativa en la que hacen un llamamiento a la unidad de acción tras comprobar que hay diferentes líneas de actuación en torno al conflicto suscitado en torno a la continuidad de la fábrica de Pontevedra. Señalan que visto que hay diferentes posturas en cuanto a las actuaciones a desarrollar por parte de los trabajadores, ambas “dignas de respeto” pero “antagónicas”, añaden su convencimiento de que “ninguna sección sindical debe excluir al resto de secciones o comités de Ence en esta lucha”. Señalan que es muy importante el “consenso” a la hora de acudir ante lo responsables políticos. Cabe recordar que en este conflicto la sección de Comisiones ha optado por las movilizaciones desde hace ya semanas, una vía distinta a la que está planteando, por el momento, el comité de empresa de fábrica. También hacen un llamamiento al Consejo de Administración para que evite “salidas de tono multitudinarias, que solo hacen daño a la empresa y a su reputación”.
El PP alerta del impacto que supondría perder el Plan Social
Por otra parte el PP de Pontevedra quiso señalar ayer otras entidades que se verían afectadas por el cierre de Ence. Serían aquellas que ahora se están viendo beneficiadas por las acciones incluidas en el Plan Social de la pastera. Rafa Domínguez, acompañado de la concejala y responsable del área social, Silvia Junco, se reunió telemáticamente con estos colectivos. El PP destacó que estos colectivos llevan a cabo, gracias a la financiación de la pastera, proyectos relacionados con la integración social y la igualdad de oportunidades: “Vuestras actuaciones son clave para mejorar las condiciones de personas en situación de exclusión o riesgo de exclusión social. No entenderíamos una Pontevedra sin vosotros”. “Sabemos que muchos de vuestros proyectos penden de un hilo ante una posible marcha de la fábrica de Pontevedra y la eliminación de este plan. Vuestras circunstancias son excepcionales y, en un año tan dramático, vuestra actuación es fundamental. Ante la posible supresión del plan, el coste de vuestras actuaciones para vosotros sería inasumible”, indicó, haciendo referencia a varias actuaciones centradas en la infancia y personas con discapacidad. Alguna de las asociaciones adelantaron que no contar con esta financiación implicaría el despido de parte de sus trabajadores.
El PSOE local acusó ayer el PP de actuar como marionetas de los intereses de la pastera: ”Rueda y Domínguez con los Macario y Rockefeller de Ence”. “Los mantras que les escuchamos a la Xunta y al PP vienen redactados desde los despachos de Ence”, aseguró Tino Fernández, “sus dirigentes están actuando como si fuera delegados de la empresa”.
