La empresa Ence ve en el artículo 18.4 del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que se está tramitando en las Cortes actualmente el clavo que sellaría el ataúd de su fábrica de celulosas en Pontevedra. 

En unas instalaciones industriales sobre las que ya pesa la espada de Damocles del recurso interpuesto contra la prórroga de la concesión, la empresa reconocía ayer que la aprobación de la ley incluyendo este artículo les obligaría a “un cierre ordenado de la planta, de forma rápida” tal y como confirmaron hoy fuentes de la compañía a FARO. 

El mismo discurso es que el trasladó el miércoles el propio presidente de Ence, Ignacio Colmenares, a los trabajadores de la fábrica pontevedresa.

Toda la polémica se centra sobre el artículo 18 y sus puntos 3 y 4 del proyecto de ley en tramitación. Se trata de dos puntos en los que se regulan los periodos máximos de duración de las concesiones en terrenos de dominio público marítimo-terrestre. Aunque fuentes socialistas y los abogados del propio comité de empresa de fábrica de Lourizán insisten en que el artículo no afectaría a las concesiones en vigor, desde Ence (y otros organismos como la Xunta) creen que sí es retroactivo: “El propio Consejo de Estado ha pedido modificar la redacción para que no sea retroactivo, cosa que no se ha hecho”, indican desde la empresa.

Si se aprueba el proyecto de ley con el actual articulo y la retroactividad, las inversiones seguirían congeladas en la fábrica y eso le obligaría a cerrar

Desde la compañía que preside Ignacio Colmenares se recuerda que Ence ya ha invertido en la planta de Lourizán, desde el otorgamiento de la prórroga en 2016 y hasta 2019, un total de 132 millones de euros. “Como es lógico, desde el allanamiento (decisión de la Abogacía delEstado de no defender la prórroga de esta concesión y apoyar a los recurrentes que piden su anulación) hemos parado las inversiones”, añaden.

“Si se aprueba este proyecto de ley sin eliminar la retroactividad del artículo 18.4, las inversiones seguirían congeladas”, explican desde la compañía. Demasiada inseguridad jurídica sobre esta fábrica como para seguir destinándole recursos. Es por ello que, aunque incluso con esa retroactividad la planta podría continuar legalmente en Pontevedra hasta 2033 (siempre que resulte favorable el proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional), desde Ence confirman que la aprobación de esta ley, tal y como está redactada ahora mismo, “nos obligaría a llevar a cabo un cierre ordenado de la panta, de forma rápida”.

Trabajadores de la pastera, a través de sus delegados sindicales en Comisiones Obreras, y el comité de oficinas ya han anunciado que intensificarán las movilizaciones para pedir que se retire o modifique este artículo de la ley para evitar la retroactividad.