El Concello de Pontevedra no es capaz de cubrir su oferta anual de rentas sociales por falta de solicitudes. Buena parte de la partida asignada para tal fin, de alrededor de 425.000 euros, será redistribuida puesto que para 75 rentas destinadas a personas en riesgo de exclusión social solo se han recibido siete solicitudes en el municipio.
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Para que ese dinero no se quede estancado, se destinará a otras entidades y acciones de ayuda. En principio serán 70.000 euros, pero a lo largo del año podría incrementarse la cantidad desviada.
Así lo asegura la concelleira de Benestar Social, Paloma Castro, que reconoce que por ahora la demanda de este tipo de rentas es muy inferior a la oferta que había previsto el Concello. "De las 75 rentas disponibles, solo hemos recibido siete solicitudes, por eso hemos aumentado el número de asociaciones y colectivos que recibirán ayudas", informa la socialista.
La descompensación entre la oferta y la demanda en esta área no quiere decir, ni mucho menos, que no existan personas ni familias completas que lo estén pasando mal en el municipio a nivel económico ni que la crisis se haya superado al cien por cien. Se trata, básicamente, de una cuestión burocrática y de incompatibilidades, ya que si un interesado solicita esta renta a través de la Xunta de Galicia, la conocida como Risga (Renda de Inclusión Social de Galicia) no puede hacerlo también por su ayuntamiento. Además, la de carácter autonómico tiene mayor duración en el tiempo, de ahí que los beneficiarios se decanten por ella.
Esto ha provocado que hasta el momento las buenas intenciones del gobierno local pontevedrés hayan caído, en cierto modo, "en saco roto", de ahí que desde el PSOE hayan decidido reinvertir a partir de ahora el dinero que haga falta para que la ayuda se canalice por otras vías.
Una de las medidas que se tomarán será la de incluir a nuevas asociaciones entre las beneficiarias de las ayudas locales. Es el caso del Banco de Alimentos, que hasta ahora no figuraba entre ellas.
Esta entidad, que da ayuda a 6.000 familias en la comarca de Pontevedra, un millar más que hace tres años, recibirá 2.000 euros por parte del Concello.
También la Asociación Juan XXIII y la Asociación Socio Sanitaria Educativa Inflamatoria Intestinal (ASSEII).
En el caso de Amencer, se incrementará la colaboración de los 6.000 euros a los 10.000.
Desde Benestar Social también destacan la prestación de servicios puntuales y ayudas con Boa Vida y Manaia, colectivo de acogimiento de menores, así como con la Organización de Xordos de Galicia, Xoga.
Paloma Castro destaca, especialmente, el incremento en 50.000 euros de la partida dedicada al convenio con la Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos, Fanpa, y al comedor escolar, "del cual se benefician también muchos niños de familias en riesgo de exclusión".
De este modo, muchas de esas familias que ya cuentan con una renta social de la Xunta, y ante la imposibilidad de pedir otra al Concello, podrán recibir más ayudas a nivel local a través de entidades como el Banco de Alimentos o el citado comedor escolar.
"Compromiso"
El portavoz de los socialistas de Pontevedra, Tino Fernández, celebra que los presupuestos para este año "mantendrán el compromiso social en todos los ámbitos", algo "fundamental" para su formación en el ámbito municipal.
"Se redistribuirán recursos para ponerlos en valor y eso nos permitirá renovar nuestro compromiso con las políticas sociales progresistas", resumió.
"Entendemos y asumimos que si, finalmente, la cantidad destinada a la renta social se hiciese insuficiente, se incrementaría en la primera modificación de crédito que se haga. Por ahora, la práctica nos dice que esa cantidad prácticamente se quedaba sin gastar todos los años", manifestó Fernández.