La Consellería de Medio Ambiente repartirá gratuitamente el próximo año 3.000 nuevos composteros entre ayuntamientos, centros educativos y colectivos sociales a través del programa de Compostaje Doméstico, impulsado y gestionado por Sogama. Así lo avanzó ayer la conselleira Ángeles Vázquez, que aprovechó una visita al Ayuntamiento de Marín, uno de los municipios adheridos a la iniciativa, para hacer balance del proyecto y poner en valor los esfuerzos de su departamento por mejorar la gestión de la fracción orgánica de la basura a través de la elaboración de compost.

Tras recordar que algo más del 40% de la bolsa negra de los hogares está compuesta por materia orgánica, subrayó la importancia de recoger y tratar de forma idónea los biorresiduos para caminar con paso firme hacia el llamado vertido técnico 0, es decir, que solo acaban en escombreras aquellos residuos que sea imposible reciclar o valorizar.

En este sentido, la conselleira se refirió al triple beneficio que reporta la fabricación de compost a partir de residuos orgánicos, ya que, por un lado, se contribuye a la mejora del medio ambiente al reducir las emisiones de CO2, por otro se consigue un fertilizante de calidad gracias a la recuperación de una práctica tradicional del rural gallego, y por último, también se logran reducir los costes de los servicios municipales de recogida de la basura.

Precisamente, Ángeles Vázquez hizo especial hincapié en las iniciativas y ayudas que ponen la Xunta a la disposición de los ayuntamientos, responsables últimos de la gestión de los residuos urbanos, con el fin de ayudarlos a llegar a los objetivos fijados por Europa en esta materia. Así, avanzó que en las cuentas de 2020 del departamento autonómico, presentadas en el Parlamento el pasado viernes, se reservarán casi seis millones de euros para mejorar la gestión de la fracción orgánica de la basura y avanzar hacia su valorización.

En concreto, la conselleira se refirió a la partida de cinco millones destinada a iniciar la puesta en marcha de tres nuevas plantas públicas de tratamiento de biorresiduos domésticos (una por provincia, que se sumarían a la planta de este tipo que ya hay en Cerceda) y la una nueva orden de ayudas, dotada con 700.000 euros, para desarrollar instalaciones con capacidad para tratar la fracción orgánica, tanto la iniciativa de los ayuntamientos como de empresas privadas.