La de Illa de Tambo es una historia marcada por los conflictos legales sobre a quién pertenecía su propiedad. Aún en la actualidad, pese a que en 2002 pasó a manos del Estado desde la Escuela Naval Militar, sigue siendo esta la que la gestiona pese a las reclamaciones para que forme parte del Concello de Poio. Anteriormente perteneció al Monasterio de San Xoán, de cuya Comboa en la isla, surtía de pescado a los benedictinos -la orden Mercedaria se instalaría en Poio posteriormente, en 1890-, pero los vecinos de Combarro también tuvieron su posesión hasta parar, de forma "poco clara", a manos del político Eugenio Montero Ríos.

Ahora una investigación de Claudio Quintillán arroja luz sobre cómo fue el proceso en el que los 72 herederos de los propietarios de Illa de Tambo perdieron la isla, pese a las numerosas sentencias judiciales emitidas entre 1835 y 1875 que declaraban que Tambo perteneció a las familias de Combarro y "a los montes de los pueblos de Poio", según reflejaba el boletín del Estado en 1870. La investigación, presentada ayer en Combarro, señala que fueron las deudas por pleitos en los que las sentencias daban la razón a los vecinos lo que hicieron que acabasen perdiendo el enclave.

Ya el padre Sarmiento, en 1745, hizo en sus escritos referencias a Tambo a su uso por el Monasterio de San Xoán, pero también reflejaba que sus tierras las trabajaban los vecinos del pueblo de los hórreos. "Pese a estar pegado al mar, la historia de Combarro como villa marinera surge en esa época y hay muchas referencias históricas a sus habitantes como labradores más que como marineros", explica Quintillán.

Y es que, según sus investigaciones, ya por entonces los combarreses hacían uso de Tambo por medio de los foros pagados al Monasterio de San Xoán. "Llegaron a pagar 250 reales al año, lo que para la época ya era mucho dinero", comenta Quintillán. El primer cambio de titularidad llegó en 1935 con el inicio de la conocida desamortización de Mendizábal, la mayor de este tipo en venta de bienes de la iglesia. "Los vecinos reclamaron por el uso que venían haciendo y el gobierno emitió una Real Orden en el que se declaraba que era de los vecinos que venían pagando los foros, por lo que se hizo una redención y fue ratificada en 1849", explica el autor de la investigación.

Por los intereses despertaba la isla, su historia durante la época en la que Tambo perteneció a las familias de Combarro estuvo marcada por los pleitos "siempre con sentencias en las que se le daba la razón a los combarreses como dueños del enclave", sostiene Quintillán. Una de las más importantes sería la que emitiría el Juzgado de 1º Instancia en 1853. "Sin duda, los vecinos debieron de gastar mucho dinero en la época en pleitos para defender sus intereses sobre los que codiciaban Tambo", comentó el investigador.

Para conseguir mayor seguridad sobre su propiedad, unas 54 familias de Combarro llevaron a cabo un proceso por el cual dividieron la isla en 54 partes iguales, pasando a pertenecer cada una a cada grupo familiar. Según explica Quintillán, de este modo quedaba declarada como propiedad privada y saldría publicada en un boletín del Estado en 1870 como "perteneciente a los montes de los pueblos de Poio", en el que también se hace referencia a lo que son hoy los montes comunales como el San Xoán, San Salvador o el de Samieira. La medida evitó que quedase fuera de otras desamortizaciones.

Pero ni con esas los litigios acabaron para las familias, que por tras las herencias acabaron siendo 70 los propietarios. El Gobierno realizó una expropiación en 1865 para la construcción del lazareto, cuyas ruinas se pueden apreciar actualmente, contra el que los combarreres reclamaron, acabando por trasladar el mismo a la isla de San Simón en 1979.

El principio del fin

"La situación de Illa de Tambo se convirtió en 1875 en un tema de alta política para el Estado, llegó al Consejo de Ministros y al rey Alfonso XII y entre los defensores de los intereses de los vecinos de Combarro estaba el diputado de Vigo, Antonio Aguiar de Montserrat", relata Quintillán. La situación acabó, de nuevo, en otro pleito entre los vecinos de Combarro y el Estado. Contradictoriamente, pese a que nuevamente esta sentencia reconocería la titularidad de la isla a los vecinos, supondría el principio del fin su propiedad en Tambo.

"Manuel Graña representó a los vecinos en ese pleito que ganaron en Madrid y al volver reclamó no solo los entre 10.000 y 15.000 reales del gasto, sino también una suma mayor por haber perdido de trabajar en ese tiempo, un coste que inabordable para las familias de Combarro. Algunos incluso se presentaron con 100 reales, lo que tenían, para intentar pagar esa deuda, pero Graña se había les hiciera firmar previamente un poder para gestionar sus fincas y además él mismo debía dinero del pleito a un miembro de la corporación de entonces, Francisco Arosa y González, con lo que las propiedades pasaron a éste directamente", señala Quintillán.

A partir de ese momento, Arosa se haría con Tambo y por medio del notario pontevedrés Valentín García Escudero, vendería primero a Montero Ríos tres quintas partes del enclave, y posteriormente la titularidad. "Era tal el interés que generaba Tambo que Montero Ríos no dudó ya en 1981 en organizar una comida en la isla con miembros de la alta política", afirma el investigador. Años después de la muerte del político, en 1914, sus herederos acabarían vendiendo la isla a la Armada, pasando a ser de la Escola Naval Militar de Marín con su creación en 1943, que convirtió a Tambo como arsenal, hasta su desafección a manos del Estado en 2002.

Desde entonces, la han reclamado herederos de Montero Ríos, que consideran que mantienen una quinta parte de la isla, pero también la comunidad de montes de A Rega dos Agros, que el propio Quintillán dirigió, pero la sentencia de la sala de los Contencioso Administrativo de Coruña falló esta vez en contra de la propiedad comunal en 2005. "Hay vecinos en Combarro que todavía conservan el papel de la propiedad del siglo pasado, pero desconocen su valor o cómo perdió su vigencia", apunta el autor de la investigación."Los vecinos y Tambo se merecían un acto de resarcimiento, conocer el proceso de cómo los combarreses acabaron perdiendo la isla", concluye.