El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestima los recursos interpuestos por la familia Rocafort y el Concello de Sanxenxo frente al pronunciamiento del Juzgado contencioso administrativo número 3 que estimaba parcialmente la reclamación de la familia Rocafort en la que se solicitaba el pago anticipado del justiprecio de la expropiación. Por su parte, el Concello consideraba que no corresponde hacer efectivo el pago hasta que hubiera una nueva valoración, tal y como señalaba el auto del Tribunal Supremo de marzo de 2018.
La sentencia del TSXG reconoce el derecho de la familia al cobro de 3.010.872 euros más 413.561 euros en concepto de intereses por el retraso en la determinación del justiprecio y en su pago, pero desestima la pretensión de la familia Rocafort de cobrar otros intereses.
El gobierno local anuncia que va a seguir "peleando jurídicamente hasta donde la ley permita". En este sentido, estudia recurrir la nueva sentencia. Asiimismo, deja claro que "sea cual sea la decisión lo que está descartado es que la expropiación vaya a costar los 47 millones, luego 33 y finalmente los 7 millones que han venido anunciando los partidos de la oposición, especialmente el BNG".
Para el gobierno de Telmo Martín han sido estimaciones que "siempre han coincidido con las peticiones de los Rocafort y que esos partidos solo hacen cuando están en la oposición, pero no cuando gobiernan".
El grupo de gobierno no comparte la estrategia que se ha seguido en este asunto "desde hace ya muchos años", especialmente la no presentación de recurso de casación ante el Supremo, que "claramente perjudicó los intereses del Concello en la posterior sentencia y el auto aclaratorio del Tribunal Supremo, y que ha supuesto una mayor complicación del asunto".
El gobierno, como anunció hace unos meses, ha presentado un nuevo recurso contencioso sobre la nueva valoración de la finca, en la que se incluye el vial de la Rúa das Cunchas, que considera público.
También ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional frente al auto de aclaración del Tribunal Supremo del 06/03/2018. Y, por otro lado, los servicios jurídicos están preparando la reclamación de la titularidad pública del vial por la vía civil.
En definitiva, señalan que "nos ha tocado enderezar una situación y vamos a hacer todo lo posible para darle la vuelta porque es de sentido común que la Rúa das Cunchas es un vial público. Además, fueron los propios hermanos Rocafort quienes lo abrieron antes de 1990, con independencia de que el Concello no inscribiera su titularidad en el Registro de la Propiedad. El hecho de que una propiedad pública no esté inscrita como tal en el Registro no es razón suficiente para que no lo sea".
El gobierno cuestiona la valoración de la zona verde, así como la inclusión de los viales en la misma, pero especialmente se opone al momento de hacer efectivo el pago, al entender que la primera resolución del Jurado de Expropiación de Galicia de fecha 11/04/2013 fue judicialmente anulada y que debe esperarse a la ejecución de la segunda resolución del citado organismo de fecha 04/09/2018 actualmente recurrida por el Concello en sede judicial.
Por tanto, hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre el recurso de amparo que ha presentado el Concello, entiende el gobierno local que "no podremos conocer el desenlace final de un asunto que conviene tener en cuenta que se remonta a antes del año 1990".
