Juzgados completamente vacios. Despachos y oficinas sin actividad y con grandes carteles colgando en las pantallas de los ordenadores que anunciaban a abogados y ciudadanía en general que los funcionarios de la administración de Justicia estaban en huelga. Esta era la imagen generalizada ayer en las sedes judiciales de la ciudad de Pontevedra en donde, según el comité de huelga, se suspendieron un total de 86 juicios con motivo del paro que convocan todas las centrales sindicales mayoritarias del sector en Galicia (SPJ-USO,CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC OO).

Una llamada a la huelga que volvió a tener un amplio seguimiento en la ciudad de Pontevedra, como se pudo comprobar en los juzgados, en donde tan solo se movieron los asuntos más urgentes. Se trata de causas con preso, juzgado de guardia, registro civil, y trámites que pudieran afectar a los derechos fundamentales que sí están recogidos en los servicios mínimos. En la ciudad de Pontevedra, los sindicatos convocantes cifraron el nivel de participación en un 96%, mientras que en otras localidades como Marín o Caldas se habrían sumado al paro un 100% y un 95% de los funcionarios.

No obstante, la Xunta de Galicia rebajó este nivel de participación en la huelga a un 50% en la provincia de Pontevedra, destacando sobre todo el cumplimiento estricto de los servicios mínimos. Tampoco tienen constancia de incidencias de relevancia.

Por su parte, el portavoz del comité de huelga de Pontevedra, Enrique Araújo, del sindicato STAJ, explicaba ayer que la segunda jornada de huelga de ayer (la primera se produjo el 1 de diciembre) era resultado del "inmovilismo" de la Xunta que "solo nos llama para darnos buenas palabras y sin presentar ninguna oferta concreta" en ninguno de las cinco reivindicaciones que plantean.

Los sindicatos explican que si la Xunta no abre una negociación en serio en el próximo mes y medio las movilizaciones continuarán en enero. Está convocada una nueva jornada de huelga para el 25 del mes próximo y explican que, de no haber avances, la huelga se convertiría en un paro indefinido a partir del 7 de febrero.