El Concello tendrá que pagar las costas del juicio del SU 13, que ascienden a 134.000 euros

El suelo urbanizable número 13, en Monte Faro, y la sentencia que obliga a pagar al Concello los cuatro millones de euros derivada de un convenio urbanístico fallido, retomaron actualidad en el pleno ordinario municipal celebrado el pasado lunes.

Las consecuencias de un modelo urbanístico de "nefastas consecuencias" para Sanxenxo, según la edil no adscrita Vanessa Rodríguez, siguen dando coletazos, al tener que hacer frente el Concello a una nueva sentencia desfavorable.

Fue la edil de Sanxenxo Independientes, Vanessa Rodríguez, quien preguntó sobre las costas del proceso judicial del SU 13, confirmando el alcalde que ya había llegado al Concello la sentencia que obliga a abonar los 134.000 euros correspondientes a las minutas de los abogados de las promotoras implicadas en este suelo urbanizable.

Cabe recordar que el Concello recurrió la sentencia inicial, que fue declarada firme por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Pontevedra al no haberse personado dentro del plazo establecido por la sala.

"Además de los 3,8 millones más intereses de aquella sentencia, ahora tenemos que pagar la defensa de las promotoras que reclamaron su dinero al Concello. Aquel convenio que en su momento enorgulleció tanto a Telmo Martín se ha convertido en una pesadilla que todavía colea 11 años después", explica Rodríguez Búa.

Un error del despacho jurídico con el que el Concello tenía entonces contratado este tema generó que los vecinos de Sanxenxo se viesen abocados "a hacer frente a la sentencia millonaria sin agotar los recursos que el sistema judicial puso a su disposición. Un millón de euros anual del presupuesto municipal se destinó durante los últimos años al pago de esta sentencia" apunta esta concejala.

Recuerda Rodríguez, que el gobierno local de aquel momento no inició ningún tipo de reclamación al despacho jurídico encargado de la defensa de los intereses municipales en este asunto.

Sin embargo, el gobierno de coalición formado tras las elecciones de 2015 decidió encargar una auditoría para esclarecer si existen responsabilidades y si le pueden ser exigidas.

A esta cuestión hizo referencia en la sesión plenaria del lunes el portavoz nacionalista, David Otero, quien instó a Telmo Martín a iniciar las acciones legales que correspondan por una posible negligencia.