Cualquiera sabe que cara habrán puesto el alcalde Lores y la concejala Gulías a la vuelta de su periplo mejicano, cuando se toparon con las sonoras declaraciones del presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Pontevedra (COAP), Manuel Abelleira, sobre el estado de la cuestión del urbanismo y, particularmente, sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Todo un torpedo en la línea de flotación del gobierno municipal del BNG.
Con conocimiento de causa, Abelleira ha reiterado de nuevo que el PGOU está obsoleto y que ese desfase en su conjunto se deja sentir cada vez con más fuerza en su quehacer diario. También ha advertido que el suelo edificable se encuentra prácticamente agotado en el rural pontevedrés. Y su largo rosario de quejas y demandas ha ido desde la falta de agilidad de la burocracia municipal, hasta la escasa por no decir nula convocatoria de concursos públicos para proyectos de obras municipales.
Si la concejala de Urbanismo, Anabel Gulías, pensó que las relaciones entre el Ayuntamiento y el COAP pasaban por un buen momento tras la reunión celebrada hace un mes y medio, se equivocó de cabo a rabo. Ningún profesional en su sano juicio puede imaginar hoy un municipio bien gestionado en materia urbanística sin un plan de ordenación que defina su presente y enmarque su futuro desde una perspectiva actual y no pretérita.
Un plan general no constituye en sí mismo ninguna panacea, pero es el instrumento menos malo para encarar el desarrollo de cualquier ciudad, con arreglo a unas reglas claras y precisas que aporten seguridad jurídica, sin amiguismos ni clientelismos al uso y abuso.
Por esa razón fundamental, Pontevedra no puede seguir con un PGOU del siglo pasado (1989), que el propio alcalde Lores y su partido no se cansaron de descalificar entonces, cuando no gozaban de mando en plaza.
El meollo de la cuestión está en adivinar si Manuel Abelleira tuvo un mal día o se le calentó la lengua cuando dijo lo que dijo sobre la política urbanística pontevedresa, o si por el contrario su discurso tan crítico refleja el malestar creciente con el Ayuntamiento que el colectivo que representa arrastra al respecto, tanto en lo general como en lo particular.
