El Boletín Oficial del Estado publicaba ayer las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria de Marín-Ría de Pontevedra, un balance que refleja una entidad con una "estructura financiera y económica saneada" a pesar de la difícil situación de crisis.
Un documento, en el que la amenaza que representan las últimas sentencias judiciales que ordenan los derribos de los rellenos declarados ilegales está presente, aunque como una mera advertencia de cara al futuro en forma de una simple nota en el apartado bautizado como "aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre". Claro que dicho documento se cerró en marzo del presente año, antes de que el Supremo rechazase el recurso del Puerto en el que pedía que se diera por ejecutada la sentencia de octubre de 2009 que anulaba el Plan Especial del año 2000, y antes también de que el TSXG dictara (el pasado 19 de septiembre) una nueva providencia instando al Puerto a cumplir la sentencia bajo la amenaza de multas o incluso acciones penales.
No obstante, en dicha nota el Puerto admite que la ejecución de la sentencia podría suponer un importante varapalo para su situación económica, actualmente saneada. Así, tras recordar todos los antecedentes judiciales que han llevado hasta la declaración de una sentencia firme en octubre de 2009, la Autoridad Portuaria reconoce que "el desenlace judicial de este asunto puede afectar de forma muy significativa a la valoración de los activos y así se hace constar" en las citadas cuentas de la entidad.
La memoria contable del Puerto correspondiente al pasado ejercicio incluye también el informe de auditoría de las cuentas elaborado por la Intervención General del Estado, concretamente por la delegación territorial de Pontevedra, en la que se destaca que dicho documento expresa una "imagen fiel" de la situación económica del ente portuario. No obstante, entre los asuntos que considera necesario remarcar aunque ello no afecte a la conclusión que han llegado acerca de las cuentas, recogen también la sentencia del Supremo y reiterada ahora por las distintas sentencias del TSXG que instan a "la reposición de la zona portuaria a la situación anterior" al Plan Especial del Puerto y que "implica levantar todos los terrenos ganados al mar, con la demolición de las edificaciones ubicadas en ellos".
La auditoría recuerda que no solo el Puerto tendría que hacer frente a la sentencia, sino que esta fija que la Autoridad Portuaria, por ser la administración promotora del plan anulado, debería asumir el 50% del coste de ejecución de estos trabajos, frente a un 20% que recaería sobre la Diputación Provincial (que aprobó inicialmente el plan anulado) y un 30% de la Xunta de Galicia, por ser la responsable de la aprobación definitiva.
Concluyen su informe explicando que "dado que no es posible, en estos momentos, determinar la repercusión económica de la misma, la Autoridad Portuaria se ha limitado a recogerla como nota en la memoria".
Equilibrio financiero
La sentencia de los rellenos es de los pocos nubarrones que refleja el ejercicio económico de 2013 para el Puerto, dado que en la memoria contable se destaca que el pasado año se caracterizó "por un crecimiento sostenido de los niveles de actividad que, conjuntamente con las políticas de contención del gasto corriente que mantiene la entidad, han permitido, en un escenario de fuerte crisis económica como el actual mantener una estructura financiera y económica saneada". El importe neto de la cifra de negocio se situó en los ocho millones de euros, lo que supone un beneficio de 2,6 millones de euros a los que si se excluye la devolución resultante de los litigios por las tarifas T3, común a todos los puertos españoles, quedarían en un beneficio final de 1,7 millones de euros, "lo que permite contribuir al del equilibrio financiero de la entidad con ausencia de endeudamiento externo".
