De "imprudencia" llegaron a calificar los jueces pontevedreses en un comunicado oficial, la rueda de prensa que ofreció el pasado mes de febrero el subdelegado del Gobierno, Antonio Coello, para informar de las detenciones de tres personas relacionadas con la muerte violenta del anciano de Chancelas, Secundino Prego Amil. Un comunicado en el que se lamentaba la premura con la que se ofreció esta información a los medios cuando, aseguraban los jueces, todavía no habían finalizado las diligencias que estaban previstas para aquella jornada.

El comunicado de los jueces llamó la atención del PSOE, y llevó al diputado por Pontevedra Guillermo Meijón a preguntar al Gobierno por aquella rueda de prensa. El Ejecutivo acaba de responder por escrito a los socialistas, una respuesta en la que respaldan la actuación del subdelegado del Gobierno en aquella comparecencia ante los medios.

El Ejecutivo asegura que la convocatoria informativa "se produjo por el interés público del asunto a comunicar, que formaba parte del ámbito de actuación de las Delegaciones y Subdelegación del Gobierno como responsables de la Seguridad Ciudadana. "La finalidad era facilitar informaciones que son relevantes para la opinión pública por la alarma social que pudiesen suscitar", añaden.

En dicha respuesta también niegan cualquier interferencia en la investigación: "Como en todos los supuestos en los que un representante gubernativo cree necesario informar sobre concretas actuaciones policiales, se actuó con especial prudencia, extremándose la precaución en no facilitar información que pudiera perturbar o poner en peligro la investigación y la instrucción, desvelar secretos o poner en riesgo pruebas", explican. "Del mismo modo, se cuidó en todo momento que la información ofrecida no vulnerase los derechos fundamentales de las personas afectadas".

Añaden que la comparecencia del subdelegado "se produjo a las 19.30 del 11 de febrero, cuando ya se habían practicado todas las detenciones y coincidiendo con la ultimación de los registros por parte de los efectivos policiales" por lo que "no había posibilidad, por tanto, de que los detenidos se fugasen, destruyeran pruebas, ni que se pudiese ver afectada la propia investigación".

Finalizan su contestación al PSOE asegurando que "la información que se ofreció a los medios de comunicación era ampliamente conocida fuera del ámbito de la investigación, como demuestran las noticias dadas a conocer en los medios de comunicación con carácter previo a la rueda de prensa o las concretas preguntas formuladas en la misma por los representantes de dichos medios", finaliza. En el comunicado remitido entonces, los magistrados recordaban que las diligencias previas de investigación abiertas en relación a esta muerte violenta habían sido declaradas secretas y que "la información dada por el subdelegado se produjo mientras aún eran realizadas diligencias acordadas por el órgano judicial y antes de que se diera cuenta al magistrado que llevaba el asunto tanto de su resultado como de la intención de informar de las mismas".